Las propuestas del PP sobre Justicia son las mismas que las que critican del PSOE

El PP incluirá en su programa para los comicios de marzo una serie de propuestas sobre Justicia casi idénticas a las presentadas por el PSOE en su documento marco, las mismas por las que le acusa de querer resquebrajar el Estado. El debate encarnizado en el que se han embarcado, en plena precampaña electoral, los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno se limita en realidad a una mera cuestión de nombre e intención política. Donde los populares hablan de «fortalecer el Tribunal Supremo», los socialistas sugieren el «desarrollo de la jurisdicción en las comunidades autónomas». El objetivo de unos y otros, sin embargo, es parejo. Ambos pretenden descongestionar el Supremo y para lograrlo plantean un mismo método: limitar en la medida de lo posible los asuntos que debe tratar este órgano y relegar el resto a los tribunales superiores de justicia. Consciente de las comparaciones, el PP argumenta que mientras los socialistas pretenden convertir la cúspide judicial en un ente encargado única y exclusivamente de la unificación de doctrina, su propósito es potenciar la función de órgano jurisdiccional superior de este tribunal, tal y como se acordó en el Pacto de Estado por la Justicia firmado en el 2001. La forma de conseguirlo sería -además de dotarlo de más medios materiales, personales y tecnológicos- identificar aquellas materias que por su preeminencia siempre deban entrar en el alto tribunal. En otras palabras, se trata de evitar, según el secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá que lleguen al Supremo «asuntos que no tienen relevancia». La cuestión sería ahora elaborar el listado de temas susceptibles de ser tratados por el tribunal, algo que los populares dejan para más adelante. El PSOE, movido por el mismo criterio, es en esto más concreto. Propone que los tribunales superiores de justicia sean la última instancia y el punto final en el que se agoten los litigios de todos los órdenes (civil, penal, laboral y contencioso-administrativo) salvo excepciones muy detalladas y reguladas. El papel de estos tribunales regionales sería, pues, el de desarrollar una función casación en todas las ramas del Derecho, es decir, se podrían impugnar ante él todas las sentencias dictadas por una audiencia provincial y su veredicto sería definitivo. Así, no habría que recurrir al Supremo, sobresaturado con 45.000 casos pendientes para cerca de 100 magistrados. Al alto tribunal le correspondería, según el programa socialista, la casación «en su condición de recurso extraordinario para la unificación de doctrina». En la práctica, la sugerencia de las dos fuerzas políticas es prácticamente la misma. Lo que se busca, en ambos casos, es aplicar el Pacto por la Justicia. El PP y el PSOE se comprometieron en él a afrontar las reformas necesarias para lograr un funcionamiento «más ágil y eficaz» del Tribunal Supremo y para ello apostaron por reformar el recurso de casación (atendiendo a la noción de interés casacional). En esta cuestión es en la que pone el acento el PP. Se hablaba de redefinir las competencias de los tribunales superiores de justicia, de aumentarlas y de otorgar a estos órganos regionales «una función casacional en todas las ramas del Derecho Autonómico». Y aquí es donde hace hincapié el PSOE. Los socialistas protestan por los ataques del partido del Gobierno que, mientras esgrime un «programa calcado» al suyo, le acusa de querer vaciar de contenido al Tribunal Supremo. José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que la promesas electorales de Mariano Rajoy en materia de Justicia no son más que «una mala copia» de lo que él ya ha ofrecido, pero con un inconveniente añadido: que no ahonda en los problemas.