Gobierno y PP exigen a Zapatero que ordene la ruptura del tripartito catalán

El cese de Josep Lluís Carod-Rovira no es suficiente. Tanto el Gobierno como el PP consideran que la decisión del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, de aceptar la dimisión del conseller en cap, como le había exigido José Luis Rodríguez Zapatero, sólo «cierra en falso» la crisis producida por la reunión del primer consejero del Gobierno catalán con los dirigentes de ETA Mikel Antza y Josu Ternera. A su juicio, la credibilidad de la institución que sustentan el PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya ha quedado seriamente dañada y la única salida posible es la ruptura del acuerdo que permitió al líder de los socialistas catalanes acceder al poder. Una disolución que correspondería ordenar al secretario general del PSOE. El Gobierno y los populares consideran a Zapatero el máximo responsable de esta situación, no tanto por su implicación directa en el asunto, que es inexistente, sino porque, a su modo de ver, cometió un error previsible al aceptar que el PSC sumara fuerzas con un partido independentista como Esquerra. Esta decisión y lo poco fructífero de sus negociaciones con Maragall para que destituyera a Carod-Rovira -que deja de ser conseller en cap, pero seguirá como consejero sin cartera- convierte al líder de la oposición, a sus ojos, en un político incapacitado para asumir las responsabilidades propias de un jefe del Ejecutivo. A por Zapatero «Cada vez que el PSOE se acerca al poder afloran su carencia de programa, su disposición a llegar a acuerdos con cualquiera a cualquier precio y su falta de cohesión -recriminó ayer Mariano Rajoy durante en el foro ABC-; sinceramente, el PSOE no está en condiciones de gobernar España». No fue el único que arremetió contra el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. El ministro del Interior, Ángel Acebes, advirtió también en el congreso internacional sobre víctimas del terrorismo de que Rodríguez Zapatero ha demostrado una «insostenible» falta de respuesta ante lo que le reclamaban los ciudadanos y ante lo que exige la lucha contra el terrorismo. «Se ha mostrado ante la sociedad española -insistió- como incapaz de resolver un tema de vital importancia». La fórmula elegida por Maragall para acatar las órdenes de su secretario general sin expulsar a Carod-Rovira de la Generalitat no satisface al gabinete de José María Aznar ni a su partido porque, según dicen, la presencia de «un señor» que ha pretendido negociar con una banda terrorista de espaldas a sus socios, desprestigia a una institución como el Gobierno de la Generalitat. «Tengo la sensación -comentó el titular de Justicia, José María Michavila- de que Maragall está queriendo tomar el pelo a todos los españoles, a todos los demócratas y a todos los que, con honradez democrática estamos luchando contra ETA. Se trata de un hecho gravísimo y más en un momento en el que estamos venciendo a los terroristas». Aznar advirtió que nada echará por tierra todos los esfuerzos del Estado de Derecho por acabar con la ETA y «cortar y eliminar todas sus ramificaciones». Aznar no mencionó en ningún momento al ya ex conseller en cap catalán, pero su mensaje fue explícito. «Quiero dejar claro, una vez más, para que no haya ninguna duda ni ahora ni cara al futuro, que ninguna irresponsabilidad, ninguna frivolidad, ni ningún oportunismo van a abrir ninguna brecha en esta política». «El Gobierno, sobre la base de su responsabilidad de Estado y del consenso que se apoya -insistió- no permitirá que nadie ponga en peligro los logros que juntos hemos alcanzado después de muchos años de dolor. Este camino nos conduce a la derrota de los terroristas, aunque sepamos que no es un camino fácil ni corto». «Pedimos que los crímenes terroristas sean considerados violaciones de los derechos humanos por la comunidad internacional y que sean incluidos en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional«. Así reza el punto quinto del Manifiesto de Madrid, que recoge las conclusiones del Primer Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, que ayer finalizó en Boadilla del Monte. El millar de familiares y víctimas de la violencia y el terror llegados de todo el mundo y que durante dos días han compartido experiencias en este primer encuentro internacional quisieron que su voz y su dolor quedará plasmado en un documento que, más allá de reivindicaciones, recoge la exigencia del reconocimiento de su sacrificio. Compromiso Quieren el reconocimiento por parte de todos los países, de la comunidad internacional y de la sociedad civil. «Pedimos a todos los gobiernos un compromiso activo y constante en la lucha contra el terrorismo, por encima de cualquier ideología, un compromiso igualmente activo y constante a favor de las víctimas, promoviendo aquellas leyes que sean necesarias para otorgar a las víctimas un régimen de ayuda, protección y asistencia digno y suficiente, así como el reconocimiento social de su condición», señala el primer punto de la declaración aprobada ayer y que fue leída por los propios participantes en el encuentro internacional en castellano, inglés y francés. Víctimas que serán siempre iguales, «no importa el país, la situación social, la motivación o el criterio para elegir los objetivos« de los pistoleros. Porque -dice el Manifiesto de Madrid- todas las víctimas «son seres inocentes que se ven privados de sus derechos por la crueldad aleatoria de unos criminales». Consideran que si no hay diferencias entre víctimas por su origen tampoco debe haber diferencias entre las legislaciones. Por ello, el primer congreso reclama a «la comunidad internacional que se comprometa a fomentar medidas como la armonización de las legislaciones internas en materia de indemnización a víctimas del terrorismo». «Tengo la sensación de que Maragall está queriendo tomar el pelo a todos los españoles» JOSÉ MARÍA MICHAVILA Ministro de Justicia