Ingresa en prisión la guardia civil que dejó su puesto para felicitar la Navidad a unos compañeros
La guardia civil A.L.A., de 37 años, ingresó ayer en la prisión militar de Alcalá Meco para cumplir una pena de cuatro meses por un delito de «abandono del servicio de armas», cuando dejó su puesto de vigilancia en Segovia la Nochebuena de 1999 para felicitar las fiestas a sus compañeros. La guardia civil, muy afectada a su llegada a la cárcel, declaró a Efe Televisión que se encontraba muy mal de ánimo y que tenía la esperanza de no ingresar en prisión, ya que los informes médicos sobre su situación desaconsejaban la medida. Juan Carlos Fernández, abogado de la agente, comentó que los citados informes indicaban que existían posibilidades de auto-lesión en caso de que su defendida entrara en la cárcel y señaló que últimamente se están dando muchos casos de miembros del Instituto Armado que ingresan en prisión por causas insignificantes. La Asociación por la Dignidad de los Guardias Civiles, conocida como «Plataforma», manifestó ayer su «más enérgica repulsa» ante «el éxodo dramático» de guardias civiles hacia las prisiones militares «en estas jornadas». En un comunicado de prensa, la asociación recordó que el Tribunal Militar Territorial suspendió provisionalmente el 30 de septiembre la ejecución de la sentencia y señaló que este intervalo temporal viene a demostrar que los responsables de Defensa y la Guardia Civil «sólo pretendían culminar esta entrada en prisión, como un escarnio más dentro del Cuerpo». En este sentido, «Plataforma» mencionó el ingreso en prisión del guardia civil V.S.P., a quien le fue concedido un indulto parcial, que «sólo pretendía calmar los ánimos de una opinión pública sensibilizada». Más casos Otro de los encarcelados, según el comunicado, es un cabo de la Guardia Civil, cuya esposa e hijo, de tres años, «deberán abandonar la vivienda oficial» que habitaban en el acuartelamiento. Desde Plataforma se «exige la inmediata desaparición de las prisiones militares para las simples faltas administrativas», ya que «no es coherente» que, en el resto de cuerpos de seguridad, hechos similares sean motivo, «en el peor de los casos», de una sanción administrativa que no comporta penas de cárcel.