De uno a cuatro años de pleitos y recursos

La burocracia para rehabilitar un edificio suele iniciarse, en los casos más leves, con la denuncia de un inquilino que protesta ante el Ayuntamiento por el mal estado de algunos elementos del mismo: techumbres, canalones, escaleras, humedades en techos o paredes, etcétera, tras lo cual el Ayuntamiento debe realizar una inspección (en realidad es una competencia delegada desde la Junta). Después suele producirse un largo tira y afloja entre el propietario y el inquilino que que los técnicos municipales no suelen tardar en resolver más de un año, pero que luego se prolonga en los juzgados por otros cuatro o cinco. Los casos leves terminan así derivando en graves y es entonces cuando el propietario denuncia, a su vez, el estado de ruina del edificio para desalojar al inquilino molesto, cuyas rentas de alquiler suelen tener una antigüedad de décadas y no cubren, ni en una mínima parte, los costes de rehabilitación del inmueble. El mercado inmobiliario termina, al final, resolviendo el conficto por las bravas: se construye una nueva casa con precios disparatados y las antiguas protestas y pleitos se agotan poco a poco. Desde la década de los noventa el número de expedientes de amenaza de ruina, de órdenes de ejecución de obras urgentes o de ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento se mantiene constante en torno a un centenar por año, pero los derribos finales se han duplicado durante el trienio 2001-03 a un ritmo de casi treinta inmuebles por cada ejercicio. La única explicación es el interés de los propietarios por ejecutar plusvalías y deshacerse de propiedades que carecen de más interés y rentabilidad que la propia especulación del suelo, sin importar, por supuesto, el coste social.