Casi mil edificios han sido denunciados por amenaza de ruina en sólo diez años

El Ayuntamiento de León tramitó en los últimos diez años casi un millar de expedientes de declaración de ruina, de los cuales 154 (más de una sexta parte) fueron aceptados casi inmediatamente, lo que dió lugar a otros tantos derribos y desalojos de inquilinos de pisos de renta antigua y en casi otro centenar a la reparación urgente de los inmuebles por orden municipal, aunque en su mayor parte se tratara sólo de parches para retrasar el fin de los mismos. La mitad de los derribos se han producido en el periodo 2001-03 a remolque de la especulación inmobiliaria y a petición de los propios dueños de los edificios para levantar otros en su lugar: 18 en el 2001, 26 en el 2002 y 29 el año pasado. En cada uno de estos ejercicios el número de expedientes presentados para que el Ayuntamiento les diera el visto bueno pasó del centenar, aunque la mayoría no prosperaran. Según el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de León, Francisco Gutiérrez, desde la aprobación de normas de protección de los cascos históricos en los años ochenta se ha conseguido frenar relativamente las declaraciones de ruina dentro del recinto amurallado de la ciudad o, en el peor de los casos, retrasarlas, obligando a los propietarios a garantizar la habitabilidad de sus inmuebles, pero el hecho es que hoy casi la mitad de ellos aparecen reedificados sobre los solares que ocupaban los anteriores. El Ayuntamiento estima en 70.000 casas y viviendas el parque inmobiliario de la ciudad, de las que un elevado porcentaje tiene más de medio siglo de antigüedad y se concentra dentro de las murallas y en los barrios más próximos, como los de San Claudio, San Mamés, el Ejido o las primeras fases de viviendas sociales de Pinilla, en el límite con San Andrés del Rabanedo. «Teniendo en cuenta esta cifra un millar de reclamaciones en los últimos diez años no son excesivas, aunque el problema no está tanto en que las viviendas amenacen ruina o no como en que precisen reformas urgentes» para no caer en ella o ser dignamente habitables de acuerdo con los actuales parámetros de calidad de vida y normas urbanísticas. Prevención casi imposible Las denuncias por ruina suelen tener un sobre origen, que muchas veces se superpone en el tiempo: primero los inquilinos de viviendas de renta antigua reclaman arreglos básicos en los inmuebles y luego, después de largos años de pleitos y de deterioro del edificio, es el propio dueño quien reclama al Ayuntamiento su demolición directa para volver a edificar en el mismo solar pagando indemnizaciones mínimas por los alquileres que se rescinden. En el tiempo que suele transcurrir entre la doble denuncia el Ayuntamiento, según Gutiérrez, se encuentra en una situación de casi impotencia. «Teóricamente podemos ordenar de forma subsidiaria cualquier obra de reparación, ya sean goteras, tejados, cajas de escalera, arreglo de fachadas, etcétera, pero, aunque cada una de ellas costara poco, su número es tan elevado que fácilmente sumarían cientos de milllones de las antiguas pesetas para las arcas municipales y para eso no hay presupuesto: además cobrar ese dinero luego a los propietarios llevaría años y daría lugar a una cadena de reclamaciones judiciales casi sin fin». Según Gutiérrez, ningún Ayuntamiento de características similares al de León está en condiciones de hacerse cargo de costes tan elevados.