Sólo seis se autofinancian

Media docena de autonomías conforman el privilegiado club de los territorios que se autofinancian en la España de las administraciones públicas dentralizadas, en tanto que el resto, hasta un total de diecisiete, incluídas las ciudades de Ceuta y Melilla, dependen de la solidaridad interregional para cuadrar sus balances. El ranking de las autonomías con superavit fiscal aparece encabezado por Madrid, con 11.341 millones de euros al año, seguida de Cataluña, con 10862 millones, Baleares, con 3.093, la Comunidad Valenciana, con 1.927, y, ya a gran distancia, el País Vasco y La Rioja, con 807 y apenas 12 millones, respectivamente. En el otro extremo de la balanza fiscal, donde pesan menos los ingresos que los gastos, aparece Andalucía, con 8.697 millones de euros de déficit anual, a pesar de lo cual su presidente, el socialista Manuel Chaves, se ha declarado partidario de contar con agencia tributaria propia, siguiendo el modelo que propugna el actual gobierno catalán, lo que, con números en la mano y políticas de partido aparte, carece de sentido. Le sigue en números rojos Castilla y León, con un déficil de 4.854 millones de euros, cuyo gobierno se ha alineado junto al resto de los del PP para defender el actual modelo de financiación. Según el director general de Tributos de la Junta, Andrés Carretón, el agujero negro de las finanzas de la Junta tendrá a hacerse aún más hondo al menos a corto y medio plazo, teniendo en cuenta los índices de envejecimiento de la población, su dispersión geográfica y la baja tasa de población activa frente al censo total. «Además cualquier tipo de servicios que queramos prestar siempre nos va a salir mucho más caro que en las autonomías con grandes nucleos urbanos industriales o de servicios». Los expertos en tributos, tanto de la Administración central como de la Junta, relativizan, sin embargo, los datos que se están haciendo públicos sobre recaudación fiscal y su distribución por autonomías, recordando que una parte importante de ella corresponde a grandes industrias o empresas de servicios con centros repartidos en todas las capitales españolas, pero con domicilio fiscal en Madrid, Cataluña o el País Vasco. Según el director de la Agencia Tributaria de León, Javier estrada, esto distorsiona no pocas estadísticas, especialmente en las provincias con menor tejido empresarial propio, donde un simple centro de El Corte Inglés y una filial de cualquier empresa supone que una parte importante de los impuestos se declaren fuera del territorio. Asturias como Extremadura En la misma tendencia de declive económico figuran Extremadura, con un saldo fiscal negativo de 2.098 millones de euros repartidos, casi a partes iguales, entre Cáceres y Badajoz, cuyas haciendas públicas se mueven en una situación muy parecida a la leonesa. El presidente de la autonomía extremeña, Rodríguez Ibarra, mantiene, sin embargo, una posición totalmente opuesta al modelo de sus compañeros socialistas de Cataluña y Andalucía, Maragall y Chaves. Un caso peculiar y de acelerada tendencia hacia el déficit fiscal es el de Asturias, que se sitúa ya con 2.022 millones de euros en números rojos al mismo nivel que Extremadura y, proporcionalmente a su población, al de León. Las arcas del Principado, que antaño se sostenían de los impuestos de una gran industria pública minera, siderúrgica y de astilleros navales, a su vez fuertemente subvencionada, pagan ahora los costes de tres reconversiones juntas con un número de prejubilados y pensionistas que iguala ya o supera al de afiliados a la Seguridad Social: la mitad de las cotizaciones e impuestos se van allí en «prestaciones sociales».