El Gobierno sólo logró frenar las tasas de criminalidad al final de su mandato

Las estadísticas oficiales registran más de ocho millones de infracciones penales denunciadas en España a lo largo de los cuatro últimos años de mandato del gobierno de Aznar. Las tasas de criminalidad se han situado en la última legislatura en las 50 infracciones penales por cada mil habitantes, cuatro puntos por encima de las que había cuatro años atrás, lo que supuso un incremento porcentual de algo más del 14 %. Pero no todo han sido malas noticias. La tendencia empie-za a cambiar tímidamente. En el último año se registró un descenso del 1,5 % del número total del infracciones penales denunciadas con relación al año 2002. Un año en el que, por cierto, ser habían registrado los niveles máximos históricos de criminalidad: 2.148.469 delitos y faltas denunciados. Según el análisis que de estos datos ofrece el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía controlado por el SUP, el balance de la legislatura en materia de seguridad pública muestra «innegables deterio-ros», tanto desde la vertiente cualitativa como cuantitativa y distan mucho de los objetivos estratégicos enunciados en el Congreso de los Diputados por el ministro Mayor Oreja y reiterados después por el actual candidato a la presidencia el Gobierno, cuando ocupó la cartera de Interior. Fiasco o no tanto La gran apuesta de los populares en su segunda legislatura había sido el Programa Policía 2000, definido en su día por los responsables de Interior como «el desafío estratégico más importante de los últimos años para incrementar la seguridad subjetiva y objetiva de los ciudadanos». El SUP, sindicato mayoritario en la policía considera que los datos de la evolución de la criminalidad en España a lo largo de los últimos cuatro años son la prueba más palpable de lo que califican de «definitivo y estrepitoso fracaso del Pro-grama Policía 2000». Otras fuentes policiales inde-pendientes consultadas reconocen que el plan diseñado por el director general de la Policía, Gabriel Cotino, no logró, ni de lejos, los objetivos previstos, pero no porque fuese malo, sino porque nunca contó con los medios humanos necesarios para poder ser efectivo. Su principal fallo fue que el plan se hizo tomando como base la plantilla policial del año 1996 que era de 51.700 agentes y cuando se puso en marcha sólo era de 47.400 y con muchos michelines. Su media de edad se situaba en los 46 años. En la Guardia Civil pasaba algo parecido, los efectivos previstos eran 74.553 agentes y los reales bajaban a 70.147. Por otra parte, las infracciones penales denunciadas en el año 1996 eran 1.745.000 y cuando entró en vigor el plan ya superaban los dos millones. Las aludidas fuentes indepen-dientes precisan que la falta de dotación de recursos humanos es tan achacable o más al gobierno socialista que al popular, porque en los tiempos de Corcuera el envejecimiento de la plantilla ya se veía venir y nadie hizo nada por frenarlo. Otro de los grandes retos que se había marcado el Gobierno en materia de seguridad era la lucha contra las nuevas formas de delincuencia organizada trasnacional, una de cuyas manifestaciones es el narcotráfico.