Diario de León

En varias comunidades las ofertas de trabajo han disminuído un 90% desde diciembre

Interior agiliza los trámites para la contratación de miles de inmigrantes

Reforma la orden que limita a los empresarios la potestad para presentar solicitudes

Foto de archivo de la última patera llegada a Fuerteventura con 32 inmigrantes indocumentados

Foto de archivo de la última patera llegada a Fuerteventura con 32 inmigrantes indocumentados

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Melchor Sáiz - madrid
León

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El Ministerio del Interior ha reaccionado y ha decidido suavizar las polémicas instrucciones que el pasado diciembre dio a todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno sobre la contratación de inmigrantes y que en la práctica habían hecho caer en picado el número de ofertas laborales a los extranjeros, al hacer especialmente gravoso para los empresarios formalizar una oferta de trabajo para un extracomunitario. Una situación que, en algunas zonas del país, había provocado que las peticiones laborales se redujesen casi a cero. El secretario de estado para la Extranjería, Gonzalo Robles, ha remitido en los últimos días una nueva circular en la que abre el abanico de personas y apoderados que pueden pedir, en nombre de una empresa o sociedad, un permiso laboral para un extranjero. Las nuevas instrucciones vienen a matizar sus anteriores órdenes del 16 de diciembre en las que fijaba quiénes eran los miembros de la empresas que «válidamente ostentan la representación legal», limitando estos supuestos a cuatro casos: el propio empleador, en el caso de que no fuera una empresa; los miembros del patronato en el supuesto de fundaciones; los directivos de las asociaciones, y los administradores de sociedades anónimas o limitadas. El resultado de estas restricciones no se había hecho esperar. Apenas quince días después de comenzarse a aplicar las instrucciones las oficinas de extranjeros se quedaron apenas sin clientes: una reducción radical de las solicitudes laborales, ya que Interior ni siquiera admitía que fueran los abogados con poderes o gerentes de las empresas los que pidieran los papeles si éstos no aparecían en los «estatutos sociales» de las mercantiles como «administradores» autorizados de las compañías. Unas limitaciones extra legislativas (ni siquiera por vía reglamentaria) que iban mucho más allá de lo que la nueva Ley de Extranjería establece en su Disposición Adicional Tercera. En varias provincias y comunidades autónomas las peticiones se habían reducido entre el 90 y el 95% desde el 22 de diciembre, según estimaciones provisionales de funcionarios y responsables locales de Trabajo. El problema radicaba en que ningún empresario o su administrador legal estaba dispuesto a aguardar las largas colas en las delegaciones territoriales, unas esperas de incluso días a las que sí se resignaban los extracomunitarios pendientes de un contrato. Sólo algunos empleadores domésticos, con relaciones de amistad con sus asalariados, mostraron su disposición a perder jornadas completas con tal de regularizar la situación de sus empleados del hogar. A la vista de lo que el Ministerio del Interior esperaba que fuera una medida garantista para impedir los fraudes a los inmigrantes a través de algunas gestorías o abogados desaprensivos se había convertido en una pesadilla añadida para los sin papeles, el propio Gonzalo Robles ha matizado sus instrucciones un mes y medio después para desbloquear cuanto antes la situación. Así, la nueva circular, de apenas tres páginas, insiste en que son los administradores legales de las sociedades (anónimas o limitadas) los facultados para actuar en nombre de las mercantiles.

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