Los jueces rechazan una de cada cuatro peticiones de protección

Desde que el pasado dos de agosto entró en vigor la orden de protección para víctimas de malos tratos 7.869 personas la han solicitado (la mayoría mujeres, el 95,7%, y de nacionalidad española, el 83,3%) y 6.004 se han beneficiado de ella. Con los datos en la mano, una de cada cuatro solicitudes presentadas (un 24%) es rechazada por los órganos judiciales, ya que se pidieron una media de 1.574 órdenes mensuales y los jueces han concedido un 76%, unas 1.201 al mes. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó ayer el balance de los cinco primeros meses de su aplicación y aseguró que ha sido eficaz «porque ninguna persona amparada por esta nueva figura ha muerto». Para Montserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta del Observatorio, «muchas mujeres están pagando con su vida el precio de su libertad». Sólo desde esta perspectiva, de una cultura machista y patriarcal, con relaciones «de dominio y sometimiento de la mujer» -dijo Comas- se entiende este repunte, a pesar de la creciente presión social en contra y de los nuevos instrumentos jurídicos-policiales. El CGPJ analiza además por qué la mayoría de quienes recurren a los tribunales lo hacen, en un 92% de los casos, sin asistencia letrada, a pesar de la existencia de turnos legales de oficio de 24 horas en las 32 principales ciudades españoles, y de varias horas al día en el resto. Año sangriento Pese a la efectividad de la norma, el Observatorio sobre Violencia Doméstica confirmó ayer que el 2003 ha vuelto a ser un año sangriento y 103 personas han muerto en el ámbito del hogar -casi el 80% de ellas mujeres-, lo que representa un aumento del 54% respecto al año anterior y a 65 la mataron sus ex compañeros sentimentales, novios o esposos. Esta última cifra es algo menor que la ofrecida por las organizaciones feministas, que calculan más de 70 muertes en el ámbito de la pareja en el 2003, pero se basa en distinta contabilidad -más inmediata en el caso de las ong,s, más pausada y técnica la del CGPJ-, y en la diferencia de conceptos manejados. Prácticamente la mitad de las solicitudes de órdenes de pro-tección que se han presentado ha sido requerida contra el cónyuge, frente a un 17,3% pedidas contra la pareja de hecho; un 11,5%, contra el ex cónyuge o un 7,5%, contra la ex pareja. Ajustándose a esas órdenes, los jueces han adoptado 8.506 medidas penales y 3.980 medidas civiles contra los agresores. Entre otras, según los datos del Poder Judicial, se han dictado 4.987 órdenes de alejamiento, 2.186 prohibiciones de comunicación, 971 prohibiciones de volver al lugar de los hechos y 362 medidas privativas de libertad. En el ámbito civil, se atribuyó a la víctima el uso de la vivienda en 1.348 casos; se determinó la custodia y el régimen de visitas y comunicación con los hijos en 1.407 casos; se estableció la prestación de alimentos en 1.127 casos y se acordó la protección de menores en 98 ocasiones.