Garzón confirma la imputación del ex número dos de Agricultura en el fraude del lino
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón confirmó ayer su intención de abrir juicio oral contra el ex número dos del Ministerio de Agricultura, Nicolás López de Coca, por su presunta implicación en el fraude multimillonario detectado en el cobro de subvenciones comunitarias por el cultivo de lino. Según el instructor de la causa, el que fuera director general del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) se «prevalió» de su cargo para «presionar» a la Junta de Castilla-La Mancha a favor de familiares «próximos», que recibían ayudas de la Unión Europea por cultivar la citada planta. Apenas veinticuatro horas después de que la Sala de lo Penal del citado órgano judicial emplazara al titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco a que «detallará» sus acusaciones contra López de Coca, ante la posibilidad de que la generalidad de las mismas hiciera decaer la acusación, Garzón enumera una docena de documentos que probarían sus imputaciones contra el ex alto cargo. Buena parte de ellos son informes aportados a la comisión del Congreso de los Diputados que investigó las posibles responsabilidad del Gobierno en el «caso del lino». Testigos El otro elemento de incriminación al que recurre el magistrado es la declaración de cinco testigos, algunos de ellos estrechos colaboradores de López de Coca, quienes confirmaron el papel del Fega como «coordinador» en la materia de ayudas compensatorias al sector del lino textil. Garzón puntualiza incluso que según las declaraciones del propio acusado, dos de sus hijos cultivaron dicha planta en tierras arrendadas con ese objeto en 1994, para lo cual constituyeron sendas sociedades cuyos administradores también están imputados. Según los indicios recopilados, López de Coca se sirvió de su cargo para favorecer esa actividad de su familia, «poniendo al servicio particular de aquéllos los datos y responsabilidades que manejaba o disponía, respectivamente». En concreto, el juez sostiene que el ex director general del Fega llamó varias veces al consejero de Agricultura castellano-manchego para convencerle de que no prohibiera el cobro de ayudas a quienes hubieran cultivado en campañas anteriores (bajo sospecha), extremo que al final logró a favor, entre otros, de sus propios hijos.