En Castilla y León se atendieron el 76% de las demandas presentadas
Los jueces acordaron 278 órdenes de protección para víctimas de la violencia doméstica en Castilla y León desde la entrada en vigor de esta medida, el 1 de agosto de 2003, que suponen el 76 por ciento de las solicitadas, que se elevaron a 365. Cataluña y Andalucía fueron las comunidades autónomas en las que los jueces acordaron un mayor número de órdenes de protección a víctimas de la violencia doméstica desde la entrada en vigor de esta medida. Así consta en un informe dado a conocer ayer por el Consejo General del Poder Judicial, que indica además que La Rioja, Baleares y Canarias son las comunidades donde más fallecimientos por violencia doméstica se produjeron en relación a su población en 2003. Aunque en términos absolutos el mayor número de víctimas mortales por esta causa correspondió a Andalucía, el estudio de los datos en función del número de habitantes sitúa en primer lugar a la comunidad de La Rioja, por delante de Baleares, Canarias, Cantabria y Navarra. En las comunidades En el extremo contrario, con menos víctimas mortales por 100.000 habitantes, se sitúan el País Vasco y Aragón, según los datos del CGPJ. Respecto a las órdenes de protección, en el conjunto de España los jueces han acordado 6.004 desde el pasado 1 de agosto, fecha de entrada en vigor de esa medida, lo que supone el 76 por ciento de las 7.869 solicitudes presentadas. En términos absolutos fue en Cataluña donde las autoridades judiciales acordaron más órdenes (más de 1.100) aunque en cifras relativas fue en Murcia donde se atendió un mayor porcentaje de las solicitadas (un 90 por ciento), por delante de Castilla-La Mancha y La Rioja, con un 85 por ciento en ambos casos. Las órdenes de protección pueden incluir medidas penales como la privación de libertad, la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación o la prohibición de volver a un determinado lugar, o civiles como la atribución de vivienda, la custodia, visita y comunicación con los hijos, la prestación de alimentos o la protección de menores.