El Supremo condena a dos alcaldes populares de Lugo por apropiarse de subvenciones

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a Manuel Casanova López, alcalde popular de la localidad lucense de Pobra de Brollón, y a otros cinco años de prisión a Antonio Arias Armesto, ex primer edil del PP de ese mismo municipio, por sendos delitos de malversación continuada, al haberse apropiado entre los dos de cerca de 53.000 euros entre 1993 y 1996 procedentes de ayudas de la Diputación para mejoras en el medio rural. Ante todo, el Alto Tribunal muestra su sorpresa por el hecho de que la Audiencia Provincial de Lugo absolviera a ambos al considerar que sólo se trataba de un fraude de subvenciones públicas menor de 60.000 euros y, por tanto, perseguible únicamente por la vía administrativa. La sentencia sostiene que el ex alcalde, falseando documentos oficiales, se apropió para su bolsillo de cuatro subvenciones diferentes (años 1993, 1994, 1995 y 1996) del Plan de Cooperación con las Comunidades Vecinales de la Diputación Provincial de Lugo por un valor de 35.459 euros. Arias se ingresó en su propia cuenta partidas destinadas a acondicionamiento de caminos, reposición de tuberías y obras para abastecimiento de aguas. Partidas que nunca llegaron Su sucesor en el cargo y actual alcalde de Pobra -explica el fallo- continuó con idéntica práctica y se quedó para sí 17.729 euros de dos subvenciones en 1994 y 1996. Unas partidas que debían haber servido para construir un palco de música, para acondicionar un camino y para hacer mejoras que nunca se llevaron a cabo en las instalaciones del polideportivo municipal. El Supremo, que en su sentencia da la razón al recurso de la Fiscalía contra el anterior fallo absolutorio de la audiencia provincial lucense, va más allá y critica sin ambages la decisión de dejar impunes a los dos alcaldes tras haberse apropiado del dinero público. Según los magistrados Carlos Granados, Joaquín Giménez y José Aparicio, no condenar a Casanova y Arias supondría una «quiebra de la credibilidad de las instituciones» a los ojos de los ciudadanos.