De la paz a la confrontación

«Con Aznar hemos conseguido más en diez días que con Felipe González en 13 años». Esta frase, pronunciada en 1996 por el entonces presidente del PNV Xabier Arzalluz, ilustra a la perfección la luna de miel vivida durante los primeros meses entre el Gobierno del PP y los nacionalistas vascos. No en vano su apoyo -a cambio, sobre todo, de una autonomía fiscal casi plena-, unido al de CiU, permitió la investidura como presidente de José María Aznar. Matrimonio efímero Pero el matrimonio duró poco y, como no podía ser de otra manera, la cuerda se rompió por el lado más débil: el reto del terrorismo. Tanto es así que la última reunión entre Aznar y Arzalluz se produjo hace más de cinco años, en septiembre de 1998, poco después de que el PNV se comprometiera con la entonces HB en el Pacto de Lizarra, de orientación soberanista y de ruptura del Estatuto vasco. Desde entonces, el PP ha radicalizado su discurso contra el nacionalismo y la historia de las relaciones entre populares y nacionalistas vascos ha sido la de un desencuentro continuo. Este distanciamiento progresivo ha alcanzado su punto álgido en la segunda legislatura con el anuncio -en septiembre del 2002- y la ratificación -un año después-, del plan Ibarretxe, un proyecto soberanista que el lendakari pretende someter a una consulta popular y que rompe con el Estado de las Autonomías. Muy diferentes han sido las relaciones con CiU, condicionadas por el hecho de que ambas formaciones se han necesitado mutuamente para consolidar sus respectivas mayorías en el Congreso y en el Parlamento catalán. Pero, el segundo y último mandato de Aznar termina con la reivindicación de un nuevo Estatuto para Cataluña que convierta a la Generalitat en Administración única y la creación de una Agencia Tributaria propia, propuestas avaladas por el PSOE tras la llegada de Pasqual Maragall a la presidencia. Ambas cuestiones representan un nuevo frente de confrontación que habrá de abordarse en la próxima legislatura. El caso andaluz Pero los escollos no se limitan al ámbito vasco y catalán. La polémica está también servida en Andalucía, y no sólo por el anuncio de reforma del Estatuto realizado en el último pleno del 2003 por el presidente de la Junta, Manuel Chaves. La polvareda política levantada por la promesa del PP de liquidar la deuda histórica que el Estado mantiene con la comunidad (entre 400.000 y 750.000 millones de las antiguas pesetas) si gana las elecciones está lejos de su último capítulo. Los enfrentamientos -entre partidos y comunidades- derivados del Plan Hidrológico Nacional constituyen también una patata caliente que el nuevo Gobierno que salga de las urnas el 14-M tendrá que afrontar. Por si todo ello fuera poco, la reforma del Senado para convertirlo en una auténtica cámara de representación territorial y la pretensión de algunas comunidades de participar en los foros de la Unión Europea -reivindicaciones ambas apoyadas por la Xunta- son también cuestiones que deberán ser abordadas por el nuevo Ejecutivo.