La reforma pendiente

Las propuestas de PP y PSOE para la mejora del funcionamiento de la justicia en España en la próxima legislatura tienen como plato fuerte la reforma y reorganización del trabajo que tienen encomendado los grandes tribunales del Estado, el Supremo y el Constitucional, ambos con una sobrecarga de tareas cercana al colapso. Es una necesidad cuya urgencia comparten las principales asociaciones de la judicatura, Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los dos partidos mayoritarios proponen que, para descargar al Supremo de los recursos de revisión penales y civiles -disfrazados de casación-, se asigne esta tarea a salas específicas de los tribunales superiores de justicia, que deberían tener además la última palabra judicial (con excepciones) en asuntos vinculados a la legislación autonómica. De esta forma, la casación del Supremo quedaría reducida a su característica fundamental, la unificación de doctrina -igual interpretación de la ley nacional en todos los puntos del país-. También se reservaría el estudio final de determinados asuntos que el PP llama «de interés casacional» y que el PSOE identifica como las sentencias derivadas de leyes nacionales nuevas, de materias sobre las que nunca se ha pronunciado o de asuntos con resoluciones regionales contradictorias. En el caso del recurso de amparo, coinciden en que es preciso reformarlo, según lo dispuesto en la Constitución, para dar mayor protagonismo de los tribunales ordinarios en la defensa de vulneraciones de derechos fundamentales -como el de la tutela judicial efectiva, sin que se produzca indefensión- y con el establecimiento de limitaciones a su ejercicio abusivo, para desatascar al TC. Dos puntos ya incluidos en el Pacto de Estado por la Justicia ahora en suspenso por la lucha electoral, son una ley que permita a los ciudadanos exigir de forma efectiva la Carta de Derechos ante la Justicia y la posibilidad de las partes de conocer en cada momento la marcha de su proceso judicial a través de internet y del teléfono. Los populares prometen una respuesta judicial a las demandas en cuatro meses; anuncian la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que adapte la actual a la jurisprudencia constitucional y a los nuevos procedimientos de investigación y que quite burocracia; prevén un endurecimiento de las condenas en la ley Penal del Menor; y persiguen la sustitución del jurado puro por un tribunal con más influencia de los jueces profesionales. Los socialistas prometen que ningún proceso judicial se alargará más de dos años; apuestan por la creación de los juzgados de proximidad (de barrio), para solventar de inmediato un millón de pequeños conflictos y pequeñas infracciones entre ciudadanos al año; por limitar el mandato del fiscal general del Estado a cinco años; y por trasladar a la Fiscalía la tarea de la instrucción e investigación de los delitos. ATASCO EN EL TS El Tribunal Supremo tiene entre 40.000 y 50.000 asuntos pendientes y la sala civil acumula retrasos de seis años. El atraso se debe a la acumulación de trabajo por revisión de sentencias. CONSTITUCIONAL Su principal tarea ante los ciudadanos, el recurso de amparo (estudio de vulneración de derechos fundamentales) tarda cuatro años.