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La muerte de una joven peruana eleva a 202 el número de fallecidos

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efe | madrid

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El fallecimiento de la joven peruana de 22 años Jacqueline Contreras en el hospital Gregorio Marañón elevó ayer a 202 el número de víctimas mortales consecuencia de los atentados del pasado día 11, tras la mujertes de una joven peruana. Una semana después de los atentados siguen ingresados 168 heridos, cuatro en estado crítico. Según el último parte médico hecho público por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, correspondiente a las 18.00 horas, con la muerte de ayer son ya trece los fallecidos en los hospitales; junto a los cuatro heridos críticos hay ingresados veinte pacientes muy graves, 95 graves, 31 leves y 18 de pronóstico reservado. En el Gregorio Marañón continúan ingresados 59 heridos, en el Doce de Octubre 36, en el Hospital Central de la Defensa 17, en La Paz 15, en La Princesa 12, en el Clínico San Carlos 11, en Getafe 7, en la Fundación Jiménez Díaz 5, en el Ramón y Cajal 4 y 1 en Leganés y Puerta de Hierro. Los hospitales Príncipe de Asturias y Fundación Alcorcón dieron ayer las últimas altas. Las altas desde el día 11 hasta ayer ascendían a 1.147 y las atenciones sanitarias a 1.806. Problemas psicológicos Según las estimaciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, entre un 3 y un 6 por ciento de la población madrileña se verá afectada psicológicamente por los atentados del 11-M y podrá necesitar ayuda profesional. La viceconsejera de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, María Inés López-Ibor, explicó que esta estimación se ha realizado en virtud de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de otras experiencias, como la del 11 de septiembre en Nueva York. Con esos datos las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, el ayuntamiento de la capital y los ministerios de Sanidad, Defensa e Interior cerraron ayer un Plan de Atención de Salud Mental para los Damnificados del 11-M. El Plan, con una duración prevista de al menos 18 meses, se materializará a través de los dispositivos de salud mental y de atención primaria de la red sanitaria reforzados; los profesionales recibirán una formación específica para abordar los transtornos que se pueden esperar y los pacientes relacionados con los atentados tendrán un trato preferente.

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