Cardenal ordena enviar al juez las denuncias por las protestas del 13-M

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó este martes a los fiscales jefes de las audiencias provinciales y de los tribunales superiores de justicia que envíen a los juzgados correspondientes todas las denuncias presentadas por miembros del PP y ciudadanos particulares por las concentraciones celebradas ante sedes del partido en el gobierno el 13 de marzo, jornada de reflexión previa a las elecciones generales. Cardenal transmitió estas instrucciones mediante un oficio a todas las fiscalías. No ordena abrir investigaciones, tomar declaración a dirigentes políticos acusados de alentar esas manifestaciones ni realizar otras diligencias; sólo que los fiscales remitan todas esas acusaciones a los jueces para que ellos decidan si hubo delito electoral y obren en consecuencia. Según explicaron fuentes fiscales, la Fiscalía de Madrid ya ha presentado una denuncia ante el jusgado de guardia por la concentración en la sede central del PP, en la calle Génova. La petición de Cardenal se formula después de que la Junta Electoral Central declarara dichas concentraciones «contrarias a la regulación de la campaña electoral». Dos fiscales, una de ellas la de Valladolid, han elevado ya una consulta al fiscal general para que aclare si las protestas registradas en dos comunidades, de las que se da cuenta con detalle, están comprendidas en los acuerdos de la Junta Electoral «con el fin de mantener la unidad de criterio» por el que se rige el Ministerio Público. Las reacciones a la petición de Cardenal no se han hecho esperar y desde diversos puntos de España han llegado críticas a la decisión. Los miembros del tripartito catalán: el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkárraga o el presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, coinciden al calificar de «error» la orden del fiscal general. Además, los responsables de fiscalías como la andaluza o la cántabra negaron haber recibido ninguna denuncia. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, afirmó incluso que «no hay elementos para actuar de oficio» en este caso. Desde el PSOE, Juan Fernando López Aguilar tachó de «jurídicamente descabellado» pretender que se pueden ejercer acciones penales contra los manifestantes que el 13 de marzo se concentraron ante las sedes del PP. A juicio del dirigente socialista, la actitud del fiscal general es «sumamente desafortunada desde el punto de vista jurídico y reveladora desde el punto de vista político».