La Junta no da lo que quitó Franco

«Nos vendría de maravilla tener junta vecinal, por lo menos podríamos hacer algo en el pueblo» MARI PAZ GONZÁLEZ, propietaria de un negocio de hostelería en Llama La disolución de las juntas vecinales de los pueblos de Vegamián que fueron anexionados a Boñar tras la construcción del embalse del Porma sigue trayendo cola ocho años después de que los vecinos decidiesen solicitar voluntariamente la reinstauración de las pedanías para gestionar su patrimonio, como ocurre en las localidades que han pertenecido históricamente al municipio boñarense. Desde que el 10 de julio de 1996 se tramitara el expediente para anular la extinción administrativa de las nueve entidades locales menores -actualmente sólo sostienen la batalla legal en el Tribunal Supremo cinco pueblos-, ni el Ayuntamiento de Boñar ni la Consejería de Administración Territorial han puesto fáciles las cosas a estas poblaciones, negándolas una y otra vez la posibilidad de recomponer sus pequeños gobiernos que, como en el resto de la provincia, perviven desde la Edad Media. Llegado el caso al Alto Tribunal -fuentes jurídicas consultadas consideran que aún pueden pasar dos años más hasta que se produzca un pronunciamiento- y conocido el notorio rechazo de Valladolid a restituir las pedanías, los servicios jurídicos de la Delegación Territorial de León trabajan en la elaboración de un informe que determine qué posibilidades hay de dar una solución política. Si la administración reconsidera su postura, podría suponer la paralización del proceso judicial abierto por parte de Felechas, Llama, Las Bodas, Oville y Barrio de las Ollas. En estas localidades y también en las que se han ido desmarcando de los tribunales (Voznuevo, Colle, Vozmediano y Veneros) existe un sentimiento de «abandono total» por parte del Ayuntamiento de Boñar y de la Junta. Se quejan de «indefensión» ante la imposibilidad de poder gestionar su valioso patrimonio -mientras tanto es el consistorio quien se beneficia de la explotación de los montes- y reclaman servicios universales como las comunicaciones telefónicas o el transporte, que en algunos pueblos es suprimido día sí y día no sin explicaciones y sin que ninguna institución lo haya denunciado. A eso se le suman infraestructuras en muy mal estado que muchas veces son arregladas gracias a la mano de obra que ponen los propios vecinos, calles sin asfaltar, aceras y alumbrado que no existen y calles cegadas de matorrales que exigen urgentes tareas de limpieza. Envejecidos, pero no tanto Asimismo consideran que la espiral de despoblación que sufre esta zona de la Montaña Oriental está en parte motivada por la falta de servicios básicos. Se trata de una población muy envejecida en algunos casos, pero no en todos. En la población de Llama, como ejemplo, diez de los 40 habitantes son niños o adolescentes que no tienen ningún tipo de instalación lúdica. La mayor parte de estas carencias quedarían resueltas, según relatan los vecinos, si los beneficios de la explotación de su patrimonio -principalmente serían ingresos procedentes del aprovechamiento maderero, cinegético y minero- revirtiesen en los pueblos. La lucha por conseguir estos derechos tomó una especial relevancia cuando la mayor parte de los habitantes se echaron a la calle para reivindicar las nueve pedanías. A las manifestaciones, muy notorias hace siete años, acudieron casi tantos habitantes como había censados, desde el más viejo al más joven. La reiteración de las protestas abrió entonces un clima de tensión social que, con mayor o menor intensidad, se ha arrastrado hasta hoy. Cuando la política hidráulica de Franco proyectó el pantano del Porma, el Ayuntamiento de Boñar se merendó el patrimonio y el rendimiento de los montes de nueve pueblos cuyas juntas vecinales quedaban extinguidas. A cambio, los servicios pasaban a ser prestados por el municipio. Sin embargo, esa situación administrativa está viciada desde un principio, puesto que se vulneró el principio de solidaridad intramunicipal de estos pueblos al impedirles mantener las pedanías que en las poblaciones que ya pertenecían a Boñar sí se respetaron. El de 1996 es el primer expediente que solicitó la reinstauración de las juntas vecinales. Fue una solicitud avalada por una mayoría absoluta del censo y en la que se argumentaba que existía patrimonio suficiente para ser gestionado. Pero todo fueron trabas. La ex alcaldesa Celia Reguero, para tramitar la solicitud, obligó a cada vecino a ratificarse, para lo que les hizo ir uno a uno al consistorio a firmar una declaración. Después, el Ayuntamiento hizo un irrisorio inventario del patrimonio de los pueblos, que valoraba en 2.950 pesetas todos los montes y fincas de Colle, sólo por poner un ejemplo. Tras ello, el pleno se pronunció en contra de restituir las pedanías, argumento el de la autonomía local que fue utilizado por la Junta para denegar las pedanías. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que volvió a denegar la recuperación de los entes locales menores. Sólo cinco vecinos decidieron elevar entonces el caso al Tribunal Supremo.