El Constitucional no admite el recurso del Gobierno del PP al Plan Ibarretxe

El Tribunal Constitucional rechazó ayer por siete votos a cinco las impugnaciones que el Gobierno de José María Aznar presentó en noviembre pasado contra la tramitación del plan Ibarretxe. El tribunal, tras cuatro meses de debate, llegó a la conclusión de que no cabe la admisión a trámite de unos recursos que se dirigen contra actos de las administraciones autonómicas sin valor legal alguno. La no admisión a trámite de la impugnación -el contenido literal de la resolución se conocerá hoy- es una derrota para las tesis defendidas por el Gobierno del PP y por la Fiscalía, de las que el PSOE, ahora en el poder, nunca se sintió partícipe. La decisión también despeja la tramitación parlamentaria del proyecto soberanista que impulsa el lendakari, que podrá ser de nuevo recurrido si es aprobado por el Parlamento vasco. El Ejecutivo pidió el pasado 23 de noviembre al Constitucional que anulase los acuerdos del Gobierno vasco (25-10-2003) y del Parlamento vasco (4-11-2003), que iniciaron la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma del Estatuto de Gernika, por considerar que iniciaban de forma ilegal una reforma encubierta de la Constitución española. Para la Abogacía del Estado, eran dos resoluciones «de ambigüedad calculada» que, camufladas como una puesta en marcha de una reforma de estatuto, «buscan realmente una reforma de la Constitución, a la que el plan Ibarretxe vulnera en 104 puntos». Recursos prematuros El tribunal considera que los recursos presentados por el Gobierno fueron «prematuros», ya que se dirigieron contra actos autonómicos sin valor legal, por lo que no es posible entrar en un control de constitucionalidad, que sólo será factible cuando haya una ley aprobada por el Parlamento vasco. La mayoría de los magistrados del constitucional, de acuerdo con los argumentos expresados por el Gobierno y Parlamento vascos, entienden que las impugnaciones pretendieron ser un recurso previo de inconstitucionalidad de un texto sin carácter legal, algo que desde 1985 está prohibido por la ley. El Gobierno vasco, en su escrito de alegaciones, ya alertó de la admisión de estas impugnaciones introduciría el control de los tribunales en un ámbito puramente político -el de la elaboración de leyes- que politizaría la actuación del Constitucional, al obligarle a adoptar resoluciones sobre borradores legislativos sujetos al enfrentamiento partidista y sin validez legal. El rechazo de las impugnaciones no significa que el Constitucional haya rubricado la legalidad del contenido del plan Ibarretxe. El tribunal ni siquiera entró en este aspecto. De hecho, si el Parlamento vasco llega a aprobar un texto legal de reforma de estatuto que el Gobierno nacional u otras instituciones competentes creen inconstitucional, uno u otros podrán plantear un recurso de inconstitucionalidad, figura sí contemplada por la ley. La resolución contra las impugnaciones del Gobierno se tomó ayer, sobre las 19:30 horas de la tarde, en una sesión plenaria en la que cinco de los magistrados del Constitucional, con el presidente Manuel Jiménez de Parga a la cabeza, eran partidarios de aceptar a trámite las demandas del Gobierno.