Izquierda Unida y los nacionalistas critican la decisión y tachan de incoherentes a los socialistas | Perfil | Carlos Gómez Arruche |
Fuerte polémica por la designación de un general al frente de la Guardia Civil Un militar al estilo de Bono El Gobierno se olvida del mando único y creará un órgano colegiado Nuevo secretario de la Energía
El Sindicato Unificado de Policía y una asociación del Cuerpo hablan de «involucionismo»
La decisión del Gobierno de nombrar a un general para dirigir la Guardia Civil, algo que no sucedía desde hace 18 años, ha generado una fuerte contestación no sólo política sino también entre los mandos y miembros del instituto armado. Una vez más, el ministro de Defensa, José Bono, parece estar detrás de la polémica medida del Gobierno, ya que diversas fuentes aseguran que fue él quien presionó para que este nombramiento se llevara a cabo a pesar de ser competencia de Interior. La inesperada decisión del Ejecutivo supone cortar de raíz el debate sobre la futura desmilitarización de la Guardia Civil. «El hecho de que sea un militar es una manifestación de la normalidad democrática». Con este argumento defendió María Teresa Fernández de la Vega la designación de Gómez Arruche al frente de un instituto cuyas estructuras militares el PSOE prometía modernizar en su programa electoral. La Asociación Unificada de Guardias Civiles tachó ayer de «tremendo error político» nombrar a un militar al frente del Cuerpo y aseguró que la medida «ha causado entre los guardias civiles una extendida sensación de desconcierto y preocupación». «Tras dieciocho años de ocupar un civil la dirección general nos parece una involución que, de nuevo, sean militares los que dirijan la Guardia Civil», afirman. «Casposo» El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también cuestionó el nombramiento, que calificó de «casposo e involucionista». «La designación de un militar nos trae a la memoria los días de anteriores gobiernos socialistas en los que se encerraba a guardias en la cárcel y en el cuerpo existían los malos tratos», indicó José Manuel Sánchez Fornet, líder del SUP. Entre los aliados del Gobierno la decisión tampoco fue bien acogida. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, lo tachó de «inadecuada» y achacó la decisión a Bono. «Nos gusta la música de este Gobierno, pero en el coro hay alguien que desafina», dijo Joan He-rrera, portavoz de IU-ICV. CiU consideró «extraña» la designación y aseguró que comparte la idea de desmilitarizar el Cuerpo, lo mismo que ERC, el PNV y el BNG, que aseguraron que la designación choca con las promesas realizadas por los socialistas. Carlos Gómez Arruche (Arévalo, Ávila 1945) es un laureado militar, piloto de caza, que ingresó en el Ejército del Aire en 1964. Se trata de un hombre que utiliza un lengüaje llano al estilo de José Bono y, como él, no duda en aludir a la Iglesia para reforzar sus opiniones. Bono admitió que la propuesta fue hecha por Interior y Defensa. Gómez Arruche se define como «militar de carrera sin aspiraciones políticas». Es general de División desde febrero del 2002. Ha participado en numerosos cursos de perfeccionamiento en el marco de la Otan y en Estados Unidos y ha estado destinado en unidades de combate, tanto de defensa aérea como de apoyo táctico. Fue agregado aéreo adjunto en Argel, prestó sus servicios en la División de Planes y Política del Estado Mayor de la Defensa y fue conse-jero en el Gabinete Técnico de tres Ministros de Defensa. Posteriormente, fue jefe del Ala 14 y Base Aérea de Albacete, jefe del Gabinete del Estado Mayor del Aire y segundo jefe y jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Levante. Desde septiembre de 2003 es Jefe Interino del Mando Aéreo de Levante y de la III Región Aérea. Sindicatos Gómez Arruche hizo ayer sus primeras declaraciones y, en sintonía con lo anunciado por el ministro de Defensa, José Bono, aseguró que conoce «muy poco» el sindicalismo, pero que en instituciones como el Ejército, la Iglesia o las Policías «existen otros mecanismos» para efectuar la labor que realizan los sindicatos entre el colectivo de trabajadores que no pertenecen a los «organismos especiales» citados por él mismo. Pero el nuevo director de la Guardia Civil se refirió al sindicalismo en el seno de la Guardia Civil como «un tema largo» sobre el que «hay que meditar». Añadió que los Consejos Asesores de Personal está empezando a funcionar. «El sindicalismo, creo yo, aunque lo conozco muy poco, me parece absolutamente respetable entre los trabajadores», afirmó el general, que añadió que «en organismos especiales, como son las Fuerzas Armadas, la Iglesia o las Policías creo que los sindicatos pueden tener una labor con los trabajadores para lo cual existen otros mecanismos». Calificó la unificación de Guardia Civil y Policía como «un tema más bien político que militar». «Nunca he creído que cuando hay problemas hay que dar la patada a la reja, sino solucionar esos pequeños problemillas», indicó. Sobre la forma en la que dirigirá el Cuerpo, no descartó «hacer algunas variaciones o ligeros retoques». La decisión de nombrar a Carlos Gómez Arruche como director de la Guardia Civil, junto a la de designar a Víctor García Hidalgo como director general de la Policía, también tomada ayer, supone el archivo de una de las promesas electorales el PSOE, la del mando único para ambas instituciones. La vicepresidenta del Gobier-no, María Teresa Fernández de la Vega, trató ayer de suavizar esta evidencia anunciando que el Gobierno cumplirá su promesa dado que habrá un órgano único para la lucha contra el terrorismo que se concretará en una próxima reunión y estará coordinado por secretario de Estado de Seguridad. De la Vega explicó que los recién nombrados «formarán parte» del mando único, que será el «instrumento para una mejor coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad». La vicepresidenta negó haber dicho «nunca» que Víctor García Hidalgo, nombrado ayer director general de la Policía, fuera a ser el director de ese mando único. Fuentes de Interior aseguraron que en ningún momento se pensó en García Hidalgo como mando único y achacan las informaciones en este sentido a un error del propio García Hidalgo en la interpretación de su conversación con los responsables del Ejecutivo. El Consejo de Ministros nombró ayer una serie de altos cargos, entre los que sobresale el de Francisco Ros Perán como secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sciedad de la Información. Ros Perán, de 53 años, y natural de Lorca (Murcia), es Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, y Master y Doctor en Ingeniería Eléctrica y Ciencias Informáticas y por el Instituto Tecnológico de Massachussets. El nuevo secretario general de la Energía es Antonio J. Fernández Segura, de 55 años, natural de Cáceres y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Entre los diferentes cargos que ha ocupado ha sido Director de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de Madrid, secretario General Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, subdirector general del extinto Instituto Nacional de Industria, director de Control e Inversiones de Hunosa, presidente de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Extremadura, director general de Industria del Ministerio de Industria y Energía y presidente de la Agencia Industrial del Estado. Delegados, CIS y BOE También nombró a los delegados del Gobierno en Cataluña, Baleares, Murcia, Navarra, Asturias y La Rioja. Además, el Ejecutivo designó a Fernando Vallespín como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y a Carmen Gomis Bernal como directora del Boletín Oficial del Estado (BOE). El almirante Sebastián Zaragoza Soto será el nuevo Jefe del Estado Mayor de la Armada, en sustitución del también almirante Francisco José Torrente Soto, que pasa a ser secretario general de Política de Defensa. Como nueva delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas el Gobierno ha colocado a Carmen Moya, una experta en epidemiología.