La responsable de Igualdad pide más medios policiales y judiciales
El desarrollo de la anunciada ley integral, más medios económicos y materiales para la Justicia y los cuerpos policiales. Son las prioridades, urgentes, que se marca la nueva secretaria general de Políticas de Igualdad. Soledad Murillo, designada ayer por el Consejo de Ministros para este cargo de nueva creación, se estrenó con un nuevo acto de violencia de género particularmente dramático. El asesinato de una mujer y sus dos hijos presuntamente por su ex marido y padre de los menores en Alzira (Valencia), vuelve a demostrar que las medidas parciales «no sirven». La orden de alejamiento que pesaba sobre el presunto homicida no sirvió para proteger a su familia y ratifica, a su juicio, la necesidad de acelerar el desarrollo de la ley integral contra la violencia de género prometida por el Gobierno. «Es lo más urgente», aseguró. También lo es, mientras se concreta el texto legal, la adopción de medidas ágiles para proveer de más recursos a los operadores jurídicos, a los jueces, «para combinar el ámbito civil y el penal», y hacer un seguimiento del cumplimiento de sus sentencias y decisiones contra los agresores y de protección a las víctimas. Cambio de mentalidad También es preciso -dijo- aumentar el número de efectivos policiales y un cambio de mentalidad en los cuerpos uniformados a la hora de luchar contra la violencia de género. «La policía tiene que ser de proximidad y saber qué es la violencia de género, que no es un tema privado», recalcó en declaraciones a la Cadena Ser. Madrileña de 48 años, Soledad Murillo es doctora en Sociología, tiene una larga trayectoria en las organizaciones de mujeres y es experta en las relaciones de género. Con anterioridad pasó por el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que ahora vuelve como titular de un cargo de nuevo cuño. Por otra parte, la vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género, Montserrat Comas, se mostró hoy partidaria de la prisión provisional para aquellos maltratadores que quebranten las órdenes de alejamiento u otras medidas de protección de las víctimas.