El Gobierno perseguirá a los agresores que violen la orden de alejamiento

La violencia de género volverá a capitalizar la atención del Consejo de Ministros. Mañana, el Gabinete aprobará medidas adicionales para mejorar los mecanismos de protección a las víctimas de malos tratos. La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, comunicó el propósito del Gobierno de exprimir al máximo las posibilidades que ofrece ya la normativa actual para cercar a los agresores y mejorar la salvaguarda a las mujeres. Murillo, que recibió ayer a una decena de organizaciones de mujeres, no quiso especificar las nuevas actuaciones pero dio a entender que hay margen en el marco legal vigente para mejorar el 'paraguas' protector de las mujeres sometidas al acoso violento, en tanto se concreta el texto de la futura ley integral. Se trataría de corregir disfunciones como las que acabaron con la muerte de Jenny I. Lara en Alzira la semana pasada, a pesar de que pesaba sobre el presunto asesino una orden de alejamiento que éste había quebrantado horas antes de incendiar la vivienda con su ex mujer y dos hijos dentro. «Se quiere -dijo Murillo- una vigilancia y control del agresor y se quiere poner a disposición judicial a aquella persona que ha incumplido las medidas cautelares de alejamiento». Más medios Las asociaciones de mujeres insisten -«con diagnóstico muy certero», recalcó Murillo- en que no basta con poner a disposición de las víctimas medios como la denuncia, la orden de alejamiento del agresor o la orden de protección, si luego no se vigila su cumplimiento estricto, bien por falta de medios o de entendimiento entre los agentes judiciales y policiales a cargo. Proponen, en este sentido, un mayor automatismo del sistema. La última reforma del Código Penal consagró la violencia doméstica como constitutiva de delito desde la primera bofetada, y en el sistema penal español no es necesaria la interposición de una denuncia para desencadenar la inmediata respuesta policial y judicial. «En una situación de violencia no podemos dejar que la víctima decida si denuncia o si quiere una orden de alejamiento», subrayó la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Dolores Abril. Lo pida o no la mujer, denuncie o no en primera instancia la mujer, cuando tenga conocimiento de un episodio de maltrato, los poderes públicos -fuerzas de seguridad, fiscalía y jueces- deben actuar «de oficio». «La policía puede y debe iniciar sin dilaciones un atestado policial con todos los medios de prueba existentes -fotos, testigos-, al igual que se hace diligentemente en los casos de accidente de tráfico», insistió. Junto a la redacción de atestados policiales, es perentoria la inmediata persecución y puesta a disposición judicial del agresor cuando consta que ha incumplido las órdenes de alejamiento dictadas por el juez, y la coordinación entre ambas instancias. También hay margen para endurecer otras medidas de separación entre el maltratador y sus víctimas ya previstas en el actual margo legal, como la suspensión del régimen de visitas a los hijos, apuntó la secretaria general de Igualdad.