El Gobierno destina 450 agentes más a proteger a las víctimas de malos tratos

El Gobierno aprobó ayer un paquete de medidas urgentes para aumentar la seguridad de las víctimas de malos tratos con el fin de evitar la desprotección de las afectadas mientras no entre en vigor la ley integral sobre violencia doméstica a la que se comprometió Zapatero y en la que el Ejecutivo ya está trabajando. La principal novedad es el incre-mento de los efectivos dedicados a la protección de las víctimas, y es que 200 policías y 250 guardias civiles, probablemente de los que están en estos momentos en segunda actividad, se sumarán a los que actualmente se encargaban de este tipo de actuaciones policiales. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, no concretó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuándo se pondrán en marcha todas las iniciativas, pero apuntó que se abordarán «de manera inmediata». Éstas son las diez medidas: -Prioridad absoluta. El Gobierno pedirá al Fiscal General del Estado que se extreme la vigilancia y la preservación de los derechos de las víctimas de malos tratos y dará orden de perseguir este tipo de delitos de forma prioritaria. En este sentido, Cándido Conde-Pumpido advirtió ayer en Valencia a los maltratadores de que «no va a pasar una» en casos de violencia de género y alentó a las víctimas a que denuncien y no tengan miedo porque el ministerio público «siempre estará de su parte» y buscará «la mejor forma» para protegerlas. -Medidas cautelares. Los delitos de violencia doméstica deberán ser considerados prioritarios y los fiscales tendrán que prestar especial atención a la solicitud de medidas cautelares. El objetivo es que se pueda llegar a la suspensión del régimen de visitas a los hijos del que disfrute el agresor en los casos más graves. -Prisión provisional. Se instará al Ministerio Fiscal a que, en caso de quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, se solicite la inmediata detención y puesta a disposición judicial del agresor, al que se le podrá aplicar la prisión provisional de inmediato. Esta medida, no obstante, ya está en la legislación actual aunque apenas se utiliza. -Mapa de riesgo. Fortalecer los mecanismos de cooperación entre la Fiscalía y las fuerzas de seguridad para elaborar un mapa de riesgo y coordinar las actuaciones de prevención e intervención rápida. -Protocolo de denuncias. Se ela-borará un modelo normalizado de denuncia que permita conocer la situación familiar y personal tanto de la víctima como del agresor y la situación de los menores afectados. El modelo será utilizado como método de evaluación de la distinta gravedad de los casos. -Aumento de efectivos policiales. A los 120 policías nacionales que actualmente participan en las unidades de protección a las víctimas se añadirán otros 200 policías y 250 guardias civiles. Será una reasignación de efectivos, para lo que se realizarán campañas de divulgación y se ofrecerán las plazas con incentivos a funcionarios en situación de segunda actividad. -Colaboración con la Policía Lo-cal. Se potenciará la colaboración entre el Ministerio de Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que las policías locales participen en la vigilancia de las órdenes de protección. La idea es diseñar un protocolo de coordinación que también podría afectar a las policías autonómicas. -Prioridad en las políticas de empleo. No habrá ninguna víctima que se quede sin ayuda económica. Recibirán con carácter preferente acciones de inserción laboral, la prestación de 345 euros mensuales durante diez meses y la ayuda en pago único por cambio de residencia. También tendrán preferencia para participar en las políticas activas de empleo y en los cursos de formación. -Teleasistencia para todas. Para aumentar la protección, se garantizará el servicio de teleasistencia (un móvil) a todas las víctimas que cuenten con orden de protección para contactar de manera rápida con las fuerzas de seguridad. -Información a las delegaciones del Gobierno. Todas deberán velar por el cumplimiento de estas normas.