Los agricultores exigen compensaciones para cambiar a cultivos más ecológicos

La implantación de la Red Natura ha pillado también por sorpresa a los agricultores de la provincia, que, al menos teóricamente y sobre el terreno, son los primeros afectados por el programa. Según el presidente provincial del sindicato agrario Asaja, José Antonio Turrado, «hasta ahora nadie nos ha dicho cuales van a ser las consecuencias de ese probgrama ni nadie nos ha comentado con qué criterios se ha elaborado, así que, por nuestra parte, hasta ahora tampoco ha habido problemas, pero podría empezar a haberlos». Según Turrado, la población campesina que todavía se mantiene activa en un sector que antaño ocupaba a un tercio de la población provincial ahora se muestra a la espera de que alguien les explique en qué consiste exactamente la conservación del medio rural desde el punto de vista ecológico. «Sabemos que en las parameras de cereal hay que respetar los nidos de las avutardas o de otras especies de aves y que para ello no se puede utilizar cualquier sistema de recolección o de maquinaria agrícola, pesticidas, etcétera. De entrada, tampoco nadie quiere oponerse a la Red Natura, pero, si no hay algún tipo de ayudas, no supone para nosotros ninguna ventaja». Los más afectados Para los sindicatos agrarios la Red Natura de protección del medio ambiente en un tercio de la superficie de la provincia resulta una incógnita para las ya escasas rentas de los habitantes de las zonas rurales. «Los sindicatos no sabemos nada, porque nadie nos ha avisado ni dialogado con nosotros, así que, si alguien lo hace, lo más que podemos decir es que pediremos contraprestaciones, porque hasta ahora no tenemos ninguna». Según Turrado, su sindicato sólo sabe por los periódicos que España será el país de Europa con más superficie declarada de protección medioambiental en todo el continente, lo que en León se traduce en prácticamente toda la montaña y amplias zonas de las riberas de los ríos y también de los páramos. Otros países se mantienen a la espectativa de los beneficios de esta declaración «protectora», pero en Castilla y León las administraciones públicas la han suscrito a lo grande sin tener en cuenta a la población que sobrevive con bajas rentas en las áreas rurales. La desconfianza de los agricultores no es infundada. Tampoco tienen posibilidad alguna de presentar alegaciones, dado que no se ha abierto ningún plazo previo de consultas y todo se ha hecho por decreto desde la Junta. No se trata sólo de que en los pueblos se reconstruyan pequeñas carreteras o caminos vecinales -sin problemas- o de que no se puedan roturar nuevas tierras, algo ya impensable teniendo en cuenta la crisis del sector. «Es que afecta también a cualquiera que vaya a cavar un pozo, abrir una nueva ganadería, tale unos árboles o explote un coto de caza, y no digamos si la gente pide, por ejemplo, un pequeño pantano para regar las huertas». «El 99% de nuestros informes son positivos, porque la gente viene ya con la Ley aprendida» JOSÉ LUIS BLANCO, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente