La ONU pide a España que regularice al millón de inmigrantes «sin papeles»

El Comité de Derechos Sociales, Culturales y Económicos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha recomendado al Gobierno español la regularización de todos los inmigrantes «sin papeles» residentes en territorio nacional (cerca de un millón de personas) como la forma más efectiva para garantizar todos los derechos a los indocumentados en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos. Este organismo, en un informe en el que expone las conclusiones sobre la situación de los inmigrantes en España, «urge» al Ejecutivo a poner en marcha medidas para «asegurar la efectiva protección» de todos los derechos sociales de los extranjeros residentes, al margen de su situación administrativa. En esta línea insiste en pedir a las autoridades españolas que «promuevan la legalización de los inmigrantes indocumentados» para así hacer posible la igualdad completa de derechos con el resto de la población. Esta polémica recomendación -el Gobierno socialista ya ha anunciado que no prevé ninguna regularización extraordinaria- se produce después de que la ONU asegure en ese mismo informe haber comprobado in situ la «precaria situación del elevado número de inmigrantes indocumentados que sólo gozan de una limitada protección de sus derechos económicos, sociales y culturales», en clara referencia a la negativa de la actual Ley de Extranjería a reconocer los derechos de asociación, reunión, manifestación y huelga a los «clandestinos». Pese a estos avances, los técnicos de Naciones Unidas también dicen haber constatado que la masiva llegada de inmigrantes «durante los últimos años» a España «ha estado acompañada de actitudes hostiles hacia los extranjeros», incluidos «incidentes xenófobos» entre la población. La ONU aprovecha este último estudio sobre la integración de las minorías en España para hacerse eco, una vez más, de la situación de los menores no acompañados que llegan a territorio nacional. Insiste en que ha vuelto a tener noticias de «incidentes» con estos niños y adolescentes. Incluso asegura que algunos no han tenido la «adecuada asistencia y protección» debido a su estatus internacional de personas especialmente vulnerables.