Un error judicial obliga a repetir el proceso contra la etarra Idoa Martínez tras diez años de trabajo

Un error judicial obligó ayer a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a suspender el juicio que se iba a celebrar contra una etarra y a anular completamente la instrucción previa, que se inició en 1994. El tribunal, la Sección Primera de la Sala de lo Penal, ordenó que el caso se vuelva a instruir de nuevo, con lo que se desperdician diez años de trabajos judiciales. En 1994, cuando se produjeron los delitos de que se acusa a Idoia Martínez García, encauzó las diligencias penales como un procedimiento abreviado, el previsto para los delitos menores, no como un sumario, que es el procedimiento pensado para infracciones con posibles penas de más de nueve años de cárcel. El magistrado actuó así pese a que Martínez era acusada de cinco delitos de terrorismo, uno de ellos de pertenencia a banda armada, que puede castigarse con una pena de hasta doce años de cárcel. El error es atribuible a Javier Gómez de Liaño, que en 1999 fue expulsado de la carrera judicial. El fiscal personado en la instrucción, el propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, tampoco se percató del error y en 1998 presentó escrito de acusación contra Martínez, en el que pidió 36 años de cárcel por cinco delitos, entre ellos el de pertenencia a ETA, por el que solicitaba doce años de prisión.