El Gobierno destinará 80 millones al año en aplicar la ley contra el maltrato

La futura ley contra los malos tratos tiene ya nombre y presupuesto. Se llamará Ley Integral contra la Violencia ejercida sobre las Mujeres, y contará para su aplicación con una dotación anual de entre 50 y 80 millones de euros. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el anteproyecto, que estará listo para el trámite parlamentario el próximo día 25, una vez dictaminado por distintos órganos consultivos del Estado. La norma extrema las penas para los agresores, crea juzgados especiales y, en un plazo de dos años, un fondo compartido con otras administraciones para financiar una completa red de servicios sociales de asistencia a las víctimas, con cargo a los presupuestos generales del Estado. Largo y difícil de manejar, el título de la ley atiende las demandas de las organizaciones feministas y el rigor lingüístico exigido por la Real Academia, disconforme con el término inicial de violencia de género. Y la memoria económica se revela generosa, a falta de una mayor precisión presupuestaria en función del número de beneficiarias en todo el país, del conjunto de medidas que les sean aplicables según las circunstancias particulares, y del fondo para la citada red asistencial. La ley implica a siete Ministerios -Educación, Sanidad, Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Administraciones Públicas y Economía-, y fruto de esa visión integral incidirá en la prevención y el tratamiento a posteriori. Para ello, incluirá entre los fines y principios básicos del sistema educativo la formación de los jóvenes «en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres», aseguró Jesús Caldera. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales puso el acento en el rigor punitivo de la nueva norma. Las amenazas y coacciones leves a mujeres tendrán penas de entre seis y 18 meses; la pena por lesiones pasa de dos a cinco años, se agrava el castigo por quebrantamiento de penas o de medidas cautelares impuestas y el juez podrá inhabilitar al agresor para ejercer la patria potestad o la tutela de los hijos hasta cinco años. Se reformará el reglamento penitenciario para que los condenados puedan asistir a cursos de rehabilitación. Rebelión social Un mes y medio después de la constitución del nuevo Gobierno, «mayor diligencia no cabe», se ufanó Caldera. El texto ha sido ya remitido al Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Escolar y Consejo Económico y Social para los preceptivos dictámenes. En los próximos días el Gobierno abrirá una ronda de consultas con organizaciones de mujeres y con las Comunidades Autónomas para recabar sus aportaciones. El proyecto quedará aprobado en el Consejo de Ministros del próximo día 25, y será la primera ley que envíe al Parlamento el ejecutivo socialista. Con esta ley, para la que esperan «un amplísimo apoyo parlamentario», el Gobierno quiere, según su vicepresidenta, Mª Teresa Fernández de la Vega, «encabezar la rebelión de la sociedad española contra esta plaga», que en lo que va de año se ha cobrado en España la vida de, al menos, 36 mujeres.