Detienen en Asturias a seis miembros de la red que robó la dinamita del 11-M

Cayó la red de venta de explosivos robados en Asturias que facilitó a los terroristas del 11-M los más de 200 kilos de 'goma dos' y los detonadores usados en los atentados. Efectivos de los Servicios de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, tras tres meses de investigaciones para determinar el origen exacto de la dinamita plástica utilizada en la masacre, detuvieron a primera hora de la tarde de ayer a cinco personas en la localidad asturiana de Avilés y a una más en Gijón, acusadas de ser miembros de un grupo especializado en distraer explosivos de las explotaciones asturianas para su reventa ilegal a particulares. Es la red a la que pertenecía José Emilio Suárez Trashorras, el ex minero detenido el 18 de marzo y que está en prisión acusado de haber vendido la goma dos a los terroristas a cambio de unos 7.000 euros y 32 kilos de hachís. Entre los detenidos hay dos familiares suyos: su mujer, la guardia de seguridad Carmen María Toro Castro, y su cuñado y socio, Antonio Toro Castro, hermano de la anterior. Otros de los arrestados es Emilio Llano Álvarez, el guarda de vigilancia del polvorín de la mina Conchita, ubicada en Calabazos (Belmonte de Miranda, Asturias), la explotación de donde procedía la goma dos usada en las mochilas-bomba. Llano -aseguran los investigadores- era la única persona que tenía acceso a los explosivos y era el encargado de llevar el libro de salidas y entrada de la goma dos y los detonadores. La Guardia Civil le acusa de haber falsificado los registros para ocultar las sustracciones de material. A pesar de que Suárez Trashorras, tras reconocer haber vendido la dinamita a Jamal Ahmidam, El chino , el número dos de la célula islamista, aseguró que él no tomó parte en el robo del explosivo y que, en todo momento, trabajó solo, sus explicaciones no convencieron ni a la Policía ni a la Guardia Civil. Las sospechas Los técnicos de la Guardia Civil comenzaron a sospechar de que Suárez no había actuado sólo y que el grupo de traficantes de explosivos al que pertenecía contaba con la ayuda de algún responsable de la explotación bajo sospecha. La Guardia Civil recurrió al juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, para que autorizara las escuchas telefónicas a Antonio Toro, ante el convencimiento de que el cuñado de Suárez Trashorras -que ya había sido detenido el 28 de marzo en Aviles y puesto en libertad el 2 de abril por falta de pruebas- había sido el intermediario de la operación de venta de explosivos gracias a sus contactos con uno de los miembros de la célula, el marroquí y ex confidente policial Rafá Zuher, con quien coincidió en la cárcel de Villabona. De hecho, los antecedentes del socio de Suárez eran bastantes preocupantes: ya había sido detenido por primera vez en la «operación Pipol» en julio de 2001, junto al propio Suárez, en la que los agentes encontraron en un garaje de su propiedad de 80 kilos de hachís, tres kilos de cocaína, 18 cartuchos de goma dos, 90 detonadores y dos pistolas. Los pinchazos telefónicos a Toro y a su hermana, con quien Suárez Trashorras se había casado sólo un mes antes de los atentados, despejaron las dudas y señalaron a los otros cuatro implicados. La falta de cautela en las llamadas entre los mineros hizo el resto.