PNV, EA e IU exigen que los presos vascos puedan estudiar en la UPV Madrid no cederá más competencias hasta que se reformen los estatutos El PP apoyará al Ejecutivo para que los nacionalistas no controlen la reforma autonómica

PNV, EA y EB-IU han presentado una proposición no de Ley para su debate urgente en el Parlamento vasco, en la que instan a la Universidad del País Vasco (UPV) a «utilizar todos los mecanismos a su alcance» para hacer posible la firma de un convenio con las Instituciones Penitenciarias con el fin de garantizar a los presos «el derecho a cursar estudios» en el centro universitario. Esta iniciativa fue censurada ayer por el parlamentario del PP, Iñaki Ortega, que dijo que la medida propuesta por el tripartito de la Cámara vasca responde a una «estrategia conjunta de los nacionalistas», que además supone «tirar piedras» contra la universidad vasca. Los partidos nacionalistas quieren que todos los presos vascos, independientemente de su situación judicial, tengan el derecho básico a cursar estudios en su propia lengua. Así lo recoge su iniciativa, que también señala que mientras no se dé «la modificación legal necesaria, y en caso de que resute imposible la firma del convenio, la UPV aplicará en su totalidad el artículo 8 de la Ley Universitaria Vasca», que contempla también el derecho a la enseñanza y a la igualdad de oportunidades. Por último, Ortega recordó que, teniendo en cuenta que la matriculación comienza en septiembre y que, una vez transcurrido junio el parlamento no retoma su actividad hasta el próximo septiembre, «resulta imprescindible que el debate» sobre este tema se aborde este mes para poder comenzar afrontar el trabajo a lo largo de los meses de julio y agosto. El Gobierno central no utilizará el mecanismo constitucional que permite ceder nuevas competencias, ahora exclusivas del Estado, a las autonomías, al menos a corto y medio plazo. El Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero no abrirá la puerta a esa posibilidad hasta que culmine el proceso previo de reforma de los estatutos -que se pondrá en marcha a mediados de legislatura- y finalice también el proceso de traspasos de las materias que figuran en los estatutos y están pendientes de transferir. Tras la reunión habitual de los viernes del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se vio obligada a intentar zanjar, de nuevo, el debate que de manera renuente plantean determinadas comunidades autónomas con la constante reivindicación de nuevas competencias. En la misma línea de lo ya avanzado días atrás por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, la número dos del Ejecutivo reiteró que nada cambiará en tanto no concluya el proceso de revisión estatutaria impulsado por el propio Gobierno, pero a estímulo de las fuerzas nacionalistas. Pese al deseo del Ejecutivo, el debate autonómico está en cima de la mesa. La permanente pulsión nacionalista ha obligado al Gobierno a delimitar el momento a partir del cual las comunidades podrán reclamar la asunción de nuevas competencias. La vicepresidenta apuntó que éste no es el momento puesto que, antes de exigir otras competencias, las comunidades deben haberse hecho cargo de las que tienen pendientes y haber reformado sus respectivos estatutos. «Piense muy bien, antes de abrir el debate, si va a ser usted capaz de cerrarlo con éxito y si no, sinceramente, le recomiendo que no lo haga, no cree expectativas que se vean frustradas y generen inestabilidad». Ésta fue la advertencia que le hizo el líder de la oposición, Mariano Rajoy, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate de investidura. A pesar de su desacuerdo con la iniciativa, el PP ha decidido participar en el proceso de estudio de los cambios en la Constitución, los estatutos de autonomía y la financiación autonómica. Los populares han optado por prestar un apoyo permanente al Gobierno para evitar que sean los nacionalistas quienes controlen este proceso e incluso ante el riesgo de que pueda producirse un desbordamiento constitucional con la cesión de competencias exclusivas del Estado a determinadas autonomías al margen de los procedimientos legalmente establecidos para modificar la Carta Magna.