En 668 de 694 casos se ha alegado riesgos para la «salud mental de la madre» y en sólo 22 para el feto

Las alegaciones para justificar la interrupción voluntaria del embarazo, nombre con el que eufemísticamente los legisladores aprobaron en su día la ley del aborto, contemplan varios supuestos que lo justificarían moral y eticamente: casos de violación, malformaciones del feto y riesgos para la salud física o mental de la madre, supuestamente para resolver situaciones extremas o críticas. La realidad social, sin embargo, se ha colado entre la letra menuda de la ley, de forma que ésta se aplica con tal manga ancha que casi todo vale. He hecho, sólo en un mímina parte de los casos se tiene en cuenta la futura salud o malformaciones del fecho -menos de un 3% en la más benévola de las estimaciones- mientras que en el 97% restante se alega problemas para la salud física o mental de la madre: lo primero es dudoso también en la inmensa mayoría de los casos, dada la juventud de las pacientes, que en sus cuatro quintas partes tienen una edad de entre 20 y 35 años, y lo segundo es la coartada más recurrida, según reconocen los médicos, tantos los pocos que realizan abortos como los que no. En cuanto a la salud maternal las patologías más alegadas en los partes médicos son casi invariablemente estados de depresión o de ansiedad que podrían agravarse si el embarazo continúa su curso, presentándose como avales informes psicológicos casi hechos a la medida de la paciente por personal de la propia clínica que luego va a realizar el aborto. La práctica se considera normal y nadie le presta atención, ni desde instancias sanitarias públicas ni desde las judiciales, porque «todo se mueve en un abanico muy amplio y, a fin de cuentas, la ley esta hecha así». Nadie ha sido denunciado por incumplirla.