El Poder Judicial informará a tiempo de la ley de violencia doméstica

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atenderá los requerimientos del Gobierno sobre la Ley integral contra la Violencia de Género en tiempo y forma. El pleno del órgano de gobierno de la Judicatura se avino a presentar un informe dentro de los plazos marcados por Trabajo y Asuntos Sociales, titular de la ley, y a tiempo para que el Consejo de Ministros del día 25 apruebe su envío al Parlamento. «El Consejo está dispuesto a hacer un trabajo intensivo, mañana, tarde y noche para que el informe esté listo el día 24. Queríamos más tiempo pero se va a trabajar para que esté a tiempo», explicó el portavoz del CGPJ, Enrique López. Fue la minoría progresista del Consejo la que forzó una salida al pulso que la mayoría de vocales, nombrados en su día a instancias del PP, planteó este martes al Ejecutivo al rechazar el primer informe favorable a la ley redactado por la ponente Montserrat Comas, alineada con las tesis del PSOE, y pedir una prórroga para analizar el texto que desbarataba el calendario gubernamental. Pleno extraordinario Siete vocales designados por el PSOE más uno de CiU usaron en su favor el reglamento del CGPJ para pedir a su presidente, Francisco Hernando, la convocatoria de un pleno extraordinario, el día 24, que dé salida a la «crisis». La petición, objeto de encendido debate, diluyó el propósito del sector mayoritario de pedir al Ejecutivo quince días más de plazo para dictaminar con más calma una ley compleja, con más de 50 artículos y que modifica «más de quince leyes», recalcó Enrique López. Dada la correlación de fuerzas, el jueves próximo los integrantes del Consejo aprobarán con toda seguridad el informe encargado al nuevo ponente designado el martes, el conservador José Luis Requero, muy crítico con el anteproyecto del Gobierno. A juicio de Requero, se trata de un texto jurídicamente deficiente, «discriminatorio» hacia los hombres que, aunque escasos, también sufren maltrato doméstico, y con ciertas trazas de «inconstitucionalidad» que deben ser subsanadas. Sea cual sea su contenido, el informe no es vinculante para el Gobierno, que ya ha anunciado que atenderá las sugerencias que le parezcan apropiadas sin modificar un ápice el marcado sesgo femenino de la ley.