Bajo el síndrome del fracaso

La comisión parlamentaria que investigará el 11-M debería descubrir la génesis de aquella masacre, determinar si hubo o no fallos de prevención policial y proponer un listado de modificaciones y mejoras que, en el futuro, ayuden a impedir que el terrorismo internacional -de cualquier signo- pueda cometer atentados similares. Y, sin embargo, flota en el ambiente una cierta sensación de fracaso incluso antes de que los diputados comiencen a trabajar. Algunos datos avalan las suspicacias que despierta el nacimiento de la comisión del 11-M. Por ejemplo, ninguno de los dos grupos mayoritarios impulsó su creación. Tampoco el Gobierno socialista puso especial empeño en la investigación parlamentaria, porque consideraba inevitable que los grupos parlamentarios reclamaran, como así fue, comparecencias de responsables de la policía y de los servicios de información que pueden poner en entredicho la seguridad del Estado. La comisión investigadora es, por tanto, un empecinamiento de los grupos minoritarios de la cámara, que quieren saber -además, pero también sobre todo- los datos de los que dispuso el Gobierno de José María Aznar para aferrarse a la autoría de ETA. El PP no tenía demasiado interés en indagar sobre ello, pero la publicación de determinadas informaciones que insinuaban una posible conspiración detrás de los atentados, le llevaron a plantearse esta posibilidad. Cuando, posteriormente, se conocieron filtraciones del sumario judicial que ponían en tela de juicio algunas actuaciones del Gobierno, el PP decidió a dar el paso. Fue Mariano Rajoy quien pidió formalmente la creación de la comisión después de una intensa reunión interna de su partido, que llegó a la conclusión de que no tenía nada que perder con esta iniciativa. «Lo último que nos puede pasar -comentó entonces un alto cargo del PP- es que se imponga la creencia de que queremos ocultar algo». Así las cosas, la creación de la comisión fue aprobada por unanimidad por el pleno del Congreso y el 6 de julio comenzarán, en principio, las comparecencias. Pero cada grupo acude a ella con su propia posición de partida y parece que con la intención de no aproximar sus puntos de vista. 11-M o 14-M Los documentos solicitados por las distintas fuerzas políticas demuestran las diferentes intenciones. Los populares han reclamado, sobre todo, informaciones que permitan clarificar la actitud de los socialistas en los días posteriores a la masacre y previos a las elecciones generales. «Fue un atentado con intereses electorales y se tiene que saber todo lo que sucedió entre el 11 y el 14 de marzo», afirma Vicente Martínez-Pujalte, portavoz adjunto del grupo. El PSOE no pone reparos a que la comisión incida en la crítica al Gobierno de Aznar, pero no quiere que se desvelen secretos de Estado que afecten a los servicios de espionaje.