Los responsables policiales convocados han pedido instrucciones para acogerse al secreto profesional
Protección de Datos cree ilegal dar la identidad de los mensajes del 11-M
El director de la agencia cree que Telefónica rechazará la petición del Congreso Blanco asegura
Parte de los miembros de la comisión de investigación el primer día de su reunión
La Agencia de Protección de Datos (APD) cuestiona que la Comisión de Investigación del 11-M, abierta en el Congreso de los Diputados, pueda exigir la identidad de quienes enviaron los mensajes de móvil convocando manifestaciones en la jornada de reflexión de las elecciones generales del 14 de marzo pasado. El director general de la APD, José Luis Piñar, explicó que se trata de una cuestión «extremadamente compleja» desde el punto de vista jurídico. Hay que conjugar la interpretación del Reglamento del Congreso y de las comisiones de investigación con la normativa sobre protección de datos (que protege la identidad de los titulares de las llamadas) y la referida al secreto de las telecomunicaciones (que declara reservado el contenido de las conversaciones y/o mensajes). En lo que se refiere a la Ley de Protección de Datos, Piñar explicó que protege «exclusivamente» a personas físicas y que no lo hace con personas jurídicas, como los partidos políticos. Ahora bien, se abre aquí el problema de distinguir entre abonado del número telefónico y usuario del móvil. Consideró que «lo más lógico», es que las compañías de telefonía, si reciben la petición del Congreso, la rechacen alegando que «no tienen obligación legal que les exija facilitar esta información», amparándose tanto en la Ley de Protección de Datos como en la del Secreto de las Comunicaciones. Escepticismo El formato de la comisión y el alcance de su investigación permiten prever que no se profundizará demasiado sobre los aspectos más sensibles del proceso. El Gobierno comunicará al Congreso esta próxima semana qué documentos secretos acepta desclasificar, pero ya ha adelantado que mantendrá protegidos todos aquéllos que afecten a la seguridad del Estado. Los jueces todavía no se han pronunciado pero siempre han sido reacios a permitir que salga un papel de sus despachos. Los responsables de los cuerpos policiales convocados han pedido instrucciones para respetar la obligación de guardar el secreto profesional.