La comisión del 11-M comenzará a trabajar con sólo seis documentos

La comisión de investigación sobre los atentados del 11 de marzo camina hacia su primer fracaso si alguien no lo remedia. Cumplido el plazo para la entrega de la documentación requerida por los comisionados, apenas cinco informes de los cerca de 200 solicitados han llegado al Congreso. Y los primeros comparecientes -que serán mandos policiales-, están resueltos, además, a guardar silencio para no desvelar datos sujetos al secreto del sumario y por las restricciones que imponen el Código Penal y otras disposiciones legales. La reunión que mantendrán hoy los componentes de la mesa de la comisión y los portavoces de los grupos parlamentarios tendrá enfrente un panorama desolador. Al cierre del plazo para entregar los documentos había cinco textos en el registro de la cámara: los aportados por la Cruz Roja, una resolución de Naciones Unidas, un estudio de la Faes, otro del Consejo de Europa y un resumen de prensa de los servicios de información del Congreso. Si la comisión aplica al pie de la letra sus normas de funcionamiento, deberá aplazar las comparecencias, ya que condicionó su inicio a contar con una semana de antelación con los informes pedidos al Gobierno, la Audiencia Nacional y empresas privadas. El Ejecutivo deberá resolver en el Consejo de Ministros de este viernes qué papeles desclasifica y entrega a los comisionados. El ministro de Defensa, José Bono, se reunió ayer en La Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero, con quien estudió parte de la documentación requerida por el Congreso. Es muy improbable que el Gobierno acceda a suprimir el carácter secreto de los informes más delicados, los que cuentan datos operativos. Lo que es seguro es que los comisionados no podrán estudiar el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, al que se dirigió la comisión del 11-M, recordó ayer a la cámara baja que sólo el juez Juan del Olmo, en su calidad de instructor, puede decidir si atiende las peticiones de los investigadores parlamentarios. El juez central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ya ha anticipado que es contrario a la entrega de las diligencias, o al menos las partes por él protegidas con el secreto sumarial, que son todas menos las que hacen referencia a la trama asturiana. El magistrado precisó ayer que cuando reciba la petición de la comisión recabará la opinión de la Fiscalía. El representante del Ministerio Público, Eduardo Fungairiño, explicó, a su vez, que ante esa tesitura solicitará el parecer del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. En todo caso, un proceso de varios días, cuando no de semanas. La comisión tampoco podrá revisar la transmisión de mensajes telefónicos el 13 de marzo, la jornada de reflexión previa a las elecciones generales, porque estos datos sólo pueden proporcionarse con una petición judicial. Supuestas desapariciones Entretanto, los grupos parlamentarios siguieron con el calentamiento climático. La última controversia se desató por la presunta falta de una serie de documentos que deberían estar en manos del Gobierno, en concreto las actas de las reuniones del comité de crisis, las del gabinete de coordinación del Ministerio del Interior y un informe del anterior Ejecutivo sobre los atentados que el ex portavoz gubernamental Eduardo Zaplana aseguró que «existe» cuando presentó la solicitud de documentación del Grupo Popular. El mismo Zaplana reclamó al Gobierno que «deje de marear la perdiz» y no se escude en «excusas de mal pagador» para no facilitar los informes reclamados por la comisión. Atribuyó las denuncias sobre la inexistencia de documentos al «nerviosismo y preocupación» que invade a los socialistas a medida de que se acerca el momento de las comparecencias. El portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró que es «insólito» que no aparezcan las actas de la célula de crisis.