El Gobierno deriva los documentos clasificados a la comisión de secretos

El Gobierno derivará a la comisión de secretos oficiales del Congreso los documentos de que disponía Centro Nacional de Inteligencia antes del 11 de marzo sobre los riesgos de un atentado islamista en España. La comisión parlamentaria del 11-M presentó la semana pasada al Ejecutivo treinta y ocho solicitudes de desclasificación de documentos reservados pertenecientes a los ministerios de Defensa e Interior, pero los diputados que forman parte de este grupo únicamente podrán trabajar con los incluidos en cinco de estas reclamaciones. El Consejo de Ministros acordó ayer mantener el carácter secreto del resto. A pesar de que permitirá que parte de ellos sean «visionados» en una sesión a puerta cerrada de la comisión de investigación, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega advirtió ayer de que la mayoría serán remitidos a la comisión que controla los gastos reservados; una comisión con representantes distintos a los de la del 11-M y obligados a guardar silencio incluso ante su propia formación política. La decisión del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero fue mal recibida por varios miembros de la comisión de investigación, entre ellos, su presidente -el portavoz de Coalición Canaria Paulino Rivero- y el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares; curiosamente, los dos únicos diputados que forman parte tanto de la comisión de investigación como de la de secretos oficiales. Ambos cuestionaron la potestad del Ejecutivo para determinar la comisión a la que deben remitirse informes secretos. En la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial de los viernes, la «número dos» del Gobierno apeló a la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, según la cual las materias clasificadas de los servicios de inteligencia españoles sólo pueden darse a conocer al Congreso en la «comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados», es decir, la comisión de secretos oficiales. Pero los letrados de la Cámara Baja no comparten la interpretación de La Moncloa. Según ellos, la resolución de la Presidencia del Congreso sobre secretos oficiales concede a todas las comisiones parlamentarias (sin excluir ni especificar ninguna) la facultad de recabar información sobre aquellas materias clasificadas por el Ejecutivo. Sea como fuere, la cuestión será abordada el próximo martes en la misma reunión de la Mesa en la que la comisión del 11-M recompondrá su calendario de trabajo. En principio, estaba previsto que ese mismo día comenzaran las comparecencias acordadas este jueves por unanimidad por todos los grupos de la Cámara, pero la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de acudir al Congreso para explicar el envío de tropas a Afganistán ha alterado estos planes. Sobre todo, porque el presidente del Gobierno protagonizará un pleno con votación en el que es fundamental la presencia en el hemiciclo de todos los diputados.