Las víctimas del terrorismo exigen que los presos de ETA no regresen a cárceles vascas

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) exigirá a PSOE y PP que rechacen cualquier propuesta de acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco. En un dossier que entregará a los dos partidos firmantes del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, la AVT defiende que el retorno a las prisiones vascas no contribuye a la reinserción de los reclusos sino que «produciría una mayor solidez de en la estructura terrorista y haría más fuerte a ETA». Según la asociación, el alejamiento de los presos es una medida que siempre ha demostrado su «efectividad» para evitar que los terroristas se reorganicen. En el documento, la AVT pide también que no se permita a los presos etarras estudiar en la Universidad del País Vasco (UPV) «para que no se favorezca a los asesinos frente al resto de la sociedad». El informe explica la situación en que viven algunos profesores de la UPV amenazados por ETA y denuncia «cómo los terroristas de ETA son favorecidos en sus carreras». La profesora Gotzone Mora, miembro del colectivo Profesores por la Libertad, aportará su testimonio personal. Esta petición se produce después de que la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, confirmara que se plantea firmar un acuerdo para que los presos de ETA puedan cursar en la UPV las carreras que no oferte la Uned. Liquidación de «Egunkaria» El juez Juan del Olmo ha ordenado la puesta en marcha inmediata del proceso de liquidación de todos los bienes de la empresa editora del diario en euskera Euskaldunon Egunkaria y del grupo de empresas al que pertenece, Egunkaria Sortzen SL , y fija como plazo máximo para la terminación del proceso el 31 de diciembre del 2004. La liquidación se produce dentro del sumario que instruye el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, que clausuró en el 2003 el diario e imputó a la mayoría de sus directivos por presunta connivencia y financiación de ETA. La resolución de Del Olmo, que es recurrible ante la Sala de lo Penal, ordena a los administradores de ambas empresas intervenidas, que también están procesados, que ejecuten el proyecto de liquidación ya aprobado por el juzgado y les fija una serie de cautelas para asegurar que la disolución de las sociedades no se separa del plan.