La Junta busca solución para «taponar» más de doscientas minas abandonadas

«A mediados de los noventa se pensó en reutilizarlas como cementerios nucleares, pero era un tema polémico» FRANCISCO ORVIZ, jefe del Servicio de Minas de la Junta Más de dos centenares de explotaciones mineras permanecen abandonadas en los montes de la provincia de León sin que la Junta haya abordado soluciones globales en materia de seguridad exterior en bocaminas o chimeneas, riesgos de contaminación de aguas en el subsuelo, emisión de gases (metano), etcétera. La mayoría son pequeñas concesiones carboníferas que quedaron improductivas a mediados de los setenta u ochenta con la reconversión de la hulla y la antracita, muchas de ellas con una plantilla de apenas cincuenta o cien trabajadores. Otras ni siquiera llegaban a esas cifras, por debajo de las cuales los propios mineros clasifican a cualquier empresa como un simple «chamizo». Según el jefe del Servicio de Minas de León, Francisco Orviz, la caída histórica del número de minas de carbón, especialmente desde mediados de la década de los cincuenta, ha dejado cerradas, aunque no selladas con todas sus consecuencias, no menos de un centenar y medio de explotaciones entre 1955-85, coincidiendo con la reconversión del sector, y a otra docena más durante las dos últimas décadas, salvándose únicamente las que pudieron agruparse en torno a grandes empresas, como la MSP, la Hullera Vasco Leonesa o pequeñas industrias que compatibilizan este tipo de explotaciones con concesiones de pizarras y rocas ornamentales (mármoles). Historia El resto son historia, lo mismo que los antiguos cotos de hierro Wagner y Vivaldi, que llegaron a mantener una plantilla de más de mil trabajadores a mediados de los sesenta y que cerraron definiticamente en 1982 por el doble problema del exceso de cobre del mineral -el gobierno de la época prometió repetidas veces una planta de desulfurización- y por la caída de los precios internacionales. Parecida suerte corrieron otra veintena de explotaciones de minería metálica, también a partir de los años cincuenta, de las que se extraía cobre, cobalto, plomo, níquel o plata. Según Orviz, en 1998 se realizó un inventario de minas abandonadas con anterioridad a la normativa de 1984 que daba las competencias de conservación a la Junta, a resultas de lo cual se han desarrollado un total de 27 actuaciones para reparar daños o riesgos tanto en yacimientos subterráneos como a cielo abierto. Por zonas, las mas beneficiadas vienen a coincidir con municipios o comarcas como La Magdalena, Igüeña, Valdesamario, Fabero, Sabero, Boñar, Villablino, Ciñera y otros. En este tipo de actuaciones se han invertido hasta ahora, según el Servicio de Minas, más de tres millones de euros (500 millones de las antiguas desaparecidas pesetas) para abordar la eliminación de los principales riesgos, tanto físicos para las personas que transiten por el monte como madioambientales. El programa se mantiene vivo, aunque no hay calendario ni presupuesto concreto para próximas actuaciones por considerarse que el principal trabajo ya está hecho. «Ya se ha cubierto lo más peligroso y se sigue haciendo el trabajo, aunque a un ritmo menor». De las aproximadamente doscientas explotaciones que han quedado fuera de servicio a lo largo del último siglo practicamente ninguna tiene expectativas de ser reabierta o recuperada para otros usos. «A mediados de los noventa se pensó en la posibilidad de rellenarlas como escombreras para materiales inertes o como cementerio de residuos nucleares», pero esto último era polémico y, al final, han terminado en Cambril (Córdoba).