El entorno de ETA prepara la ofensiva contra los procesos judiciales de otoño

Cerca de dos centenares de procesados por su presunta vinculación con el entorno de la organización terrorista ETA -Kas, Gestoras, Jarrai, Udalbicha, etcétera- van a copar una buena parte de la actividad de la Audiencia Nacional a partir del próximo otoño y durante al menos año y medio consecutivo. Llegó la hora de los juicios derivados de los sumarios instruidos por el magistrado Baltasar Garzón a partir del año 1998. Estos juicios van a poner a poner en evidencia las elocuentes carencias de infraestructura de un órgano judicial que no está pensado para acoger a 65 procesados, con sus respectivos abogados, a los observadores internacionales movilizados por el poderoso aparato de propaganda de la organización terrorista vasca; a los medios de comunicación, familiares y demás interesados en asistir. Unas limitaciones que ya salieron a relucir hace diez años por el caso Nécora en el que sólo había 47 procesados y que obligó a trasladar la vista oral a uno de los pabellones del antiguo recinto ferial de la Casa de Campo madrileña. Cumbre en Miramar Si a la administración de Justicia le preocupan los problemas de infraestructura, al entorno etarra lo que le quita el sueño es cómo capitalizar propagandísticamente estos procesos. Una de las últimas acciones llevadas a cabo en esa línea fue la Conferencia internacional de solidaridad a favor de los presos y presas políticas del siglo XXI, celebrada entre los días 20 y 23 del pasado mayo en el Palacio Miramar de San Sebastián. Una cumbre que, según manifestó ayer en El Escorial el fiscal Enrique Molina, tenía como finalidad la unificación de criterios para la denuncia de las torturas a los presos por parte del estado español. El encuentro congregó a representantes de los Grapo y sus organizaciones afines -PCEr, Socorro Rojo Internacional- así como una representación de los presos políticos desaparecidos del pueblo saharaui. La embajada etarra estaba integrada Arnaldo Otegi, Jon Salaberría, José Álvarez Forcade, Mikel Ángel Egibar Michelena, Mikel Corta y el europaramentario Koldo Gorostiaga. Con esta estrategia están copando el escenario internacional. Según Enrique Molina, ya le ha empezado a dar resultados positivos, porque consiguieron que el comité anti tortura de la ONU llegase a decir en su último informe que España es uno de los países donde más se vulneran los derechos humanos de los presos. Un informe en el que, según denunció ayer el juez Baltasar Garzón, participó como relator externo un procesado por pertenencia a ETA. El informe en cuestión, según el magistrado, que fue uno de los entrevistados por el enviado de las Naciones Unidas, «miente soberanamente y así se lo he dicho oficialmente. Es un informe sectario y parcial que se refiere a ETA como «grupo armado vasco».