Los menores de 35 años y bajos ingresos tendrán ayudas de 2.880 euros para el alquiler
El plan de choque de la vivienda primará a quiencompre casas y las alquile
El Gobierno pretende que cada familia destine sólo el 30% del presupuesto al piso
El subdelegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, Fernández de la Vega y el alcalde
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernandez de la Vega, informó de todos aquellos acuerdos del Consejo de Ministros sin vinculación con el gran paquete de medidas para «relanzar» León, que fueron anunciados personalmente por José Luis Rodríguez Zapatero. La reunión del gabinete ministerial, por primera vez en la historia en esta comunidad autónoma, dio mucho de sí. En primer lugar, Fernández de la Vega destacó el llamado plan de choque de la vivienda, que contempla ayudas directas para arrendadores e inquilinos y desgravaciones fiscales para las empresas que compren casas para ponerlas en el mercado de alquiler. El Gobierno modifica, mediante un real decreto, la normativa de vivienda el PP. Las actuaciones en materia de vivienda protegida se elevan a 180.000 anuales, lo que supone un presupuesto adicional de 1.031 millones de euros. De estos pisos, 30.000 serán de nueva construcción o ya existentes y 41.000 se incluyen en las ayudas al alquiler. El Ejecutivo persigue primar a los inquilinos menores de 35 años e ingresos inferiores a 15.792 euros, que dispondrán de ayudas directas de hasta 240 euros mensuales y hasta un máximo de 2.880 o el 40% del valor de la renta, por un plazo límite de dos años. En cuanto a los propietarios, contarán con un «incentivo» a fondo perdido de hasta 6.000 euros, destinado a la rehabilitación y adecuación de las casas así como a la suscripción de seguros encargados de cubrir los desperfectos y los eventuales impagos. El objetivo del Gobierno es que el capítulo que una familia destina a pagar la vivienda se acerque al umbral del 30 por ciento de sus ingresos. «Para que la sociedad española se parezca más a Europa». El plan de choque, que facilitará la financiación a las empresas que deseen comprar casas para ponerlas en alquiler, eleva el precio básico de las de protección oficial. El Ejecutivo persigue hacer más atractivas estas viviendas a los promotores, quienes, dada la diferencia de rentabilidad con los pisos libres, se han inclinado por los segundos. El alza será del 4% para todo el territorio nacional, que se verá incrementado en un 5,56% adicional en los municipios singulares del grupo 0 y en un 10,71% en los del grupo A. Estos corresponden a medio centenar de ciudades de Madrid, Cataluña y Baleares, donde el mercado inmobiliario está disparado.