El referéndum sobre la Constitución Europea será a finales de febrero
Moratinos habla con el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos
El Gobierno proyecta convocar el referéndum sobre la Constitución Europea para el próximo febrero, posiblemente a finales de mes, tras obtener el respaldo de los grupos parlamentarios sobre la conveniencia de esta fecha y el contenido de la pregunta que se someterá a consulta. El Ejecutivo estudia además con los grupos representados en el Congreso una reforma de la ley de financiación de partidos para que el Estado pueda sufragar los gastos que afronten las distintas fuerzas políticas en el desarrollo de sus respectivas campañas para el referéndum, según informaron ayer fuentes parlamentarias. En cuanto al contenido concreto de la pregunta, el Gobierno ha pactado con los grupos parlamentarios un texto sencillo, que en principio es el siguiente: «¿Aprueba usted el Tratado por el que se instituye una Constitución para la Unión Europea?». El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, cerró su primera ronda de consultas con las fuerzas parlamentarias sobre este asunto durante la gira que ha realizado esta semana por Nueva York, Brasilia y Bogotá, de la que regresó ayer y a la que invitó a representantes de todos los grupos en la Comisión de Exteriores del Congreso, así como a los presidentes de dos comisiones del Senado. Ya en Madrid, Moratinos se reunirá formalmente en los próximos días con los miembros de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE, con quienes debatirá los distintos aspectos que rodean a la convocatoria del referéndum. Entre ellos destaca la necesidad de reformar la ley de financiación de partidos para autorizar que las campañas de las distintas fuerzas políticas reciban financiación estatal, a semejanza de lo que ocurre en las convocatorias de elecciones, una posibilidad que hasta ahora no existe y de la que, por tanto, no se pudo hacer uso en el referéndum sobre la Otan de 1986. El Gobierno barajó en principio el domingo 28 de noviembre, pero los trámites que exige la prevista reforma legal y la proximidad del debate parlamentario previo sobre los Presupuestos Generales del Estado aconsejaron aplazar la convocatoria.