Diario de León

La medida extraordinaria se aplicará sólo a los extranjeros que tenían un empleo antes de las elecciones generales del 14-M

El Gobierno legalizará a los inmigrantes que demuestren una relación laboral

Rumí asegura que la norma constituye una solución al «limbo jurídico» heredado del PP

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r. n. | madrid
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El Gobierno pondrá en marcha en los próximos meses un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en España. La medida, no obstante, tendrá unos destinatarios muy concretos: los extranjeros que demuestren «de forma fehaciente» que cuentan desde hace meses con un empleo y los inmigrantes que denuncien a los empresarios que pretenden emplearlos de forma irregular. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, confirmó ayer a Radio Nacional de España (RNE) que esta regularización extraordinaria será una de las medidas que incluirá el Plan de Integración Social de los Extranjeros, que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tiene intención de poner en marcha a partir del próximo mes. Rumí, no obstante, aclaró que la medida no provocará «efecto llamada» porque los beneficiarios de la regularización no serán los extranjeros sin papeles que hayan llegado a España este verano o que lo hagan en los próximos meses sino los que cuentan con un trabajo estable desde antes de las pasadas elecciones generales y a los que el anterior Gobierno, pese a ello, no les concedió el permiso de trabajo y residencia. Dijo que «no se trata de un borrón y cuenta nueva». La secretaria de Estado comentó que «no van a poder ser usuarios de esta modificación legal ni las personas que han llegado a España hoy, ni ayer, ni anteayer. Estamos hablando de una situación heredada del anterior Gobierno a la que éste pretende dar una solución». Concretó que se trata de extranjeros con trabajo estable, muchos de ellos con una vivienda en alquiler y con sus hijos escolarizados, «a los que el PP dejó en un limbo jurídico». Consuelo Rumí también aclaró que la regularización se hará de forma rigurosa, para evitar posibles fraudes. Advirtió que «no se van a admitir ofertas de trabajo fantasmas sino sólo relaciones laborales fehacientes; se exigirá un contrato de trabajo que los empresarios tendrán que suscribir y que la Administración va a supervisar». La responsable de Inmigración indicó que el proceso, tanto en lo referente a la entrega de permisos de trabajo a extranjeros con empleo como a la obtención de papeles por los que denuncien fraudes empresariales, tiene un triple objetivo: solucionar un problema heredado del anterior Gobierno, facilitar la integración social de los inmigrantes y lograr que aflore una parte de la economía sumergida española. Rumí explicó que este procedimiento es excepcional y que nada tiene que ver con el establecimiento del cupo anual para la entrada en España de inmigrantes con contratos de trabajo. El cupo se fijará en noviembre y se ajustará a las necesidades del mercado laboral español. Tres ejes El plan de integración social se basará en tres ejes fundamentales. Establecer un adecuado control de fronteras para evitar la llegada de inmigrantes ilegales -mecanismo que debería contar con un mayor apoyo de la Unión Europea (UE)-, canalizar los flujos de inmigrantes legales a través de convenios con los principales países de origen de los extranjeros que llegan a España, y medidas que mejoren la integración de los extranjeros.

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