El reglamento del Gobierno afectará en León a más de 800 inmigrantes

«Se trata de abordar la situación que dejó el PP tras ocho años de Gobierno en los que se cuadriplicó el número de irregulares» DIEGO LÓPEZ GARRIDO, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista En los próximos meses, entre 800 y 1.000 trabajadores extranjeros sin contrato podrían encontrar una salida a su situación en la provincia, según el Servicio de Atención al Inmigrante de UGT. El nuevo reglamento de extranjería propuesto por el Gobierno central facilitará la regularización de aquellos que demuestren «arraigo laboral», esto es, que justifiquen de forma «fehaciente» su puesto de trabajo. Con la medida -que empezará a debatirse en septiembre- se pretende solucionar las circunstancias en las que coinciden muchos inmigrantes en todo el país. Según los datos de la Subdelegación del Gobierno, a comienzos de este año se contabilizaban sólo 2.967 extranjeros con permiso de trabajo, de los 11.475 que residen en la provincia. En la comunidad se estiman cerca de 60.000 inmigrantes, aunque a finales del 2003 sólo 21.995 estaban afiliados a la Seguridad Social. El 70% de estos extranjeros se encontraban inscritos en Régimen General, el 12% en Régimen Agrario y, en menor medida, Régimen de Empleados del Hogar (9%), Régimen de Autónomos (8%) y Régimen del Carbón (1%). La propuesta anunciada por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, se aplicará sólo a los trabajadores extranjeros que ya residieran en el país , «no al inmigrante clandestino que llegara ayer, anteayer, hoy o mañana». La intención es discutir en una mesa de debate las posibilidades de regulación, donde se impliquen agentes sociales como sindicatos, asociaciones y empresarios. El Gobierno confía especialmente en este último colectivo para el desarrollo de la iniciativa, y se le podría atribuir la responsabilidad de decidir qué inmigrantes indocumentados se acogen al nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, aspecto que no ha gustado a los sindicatos. Precisamente el último informe del Consejo Económico y Social (CES), denunciaba la sobreexplotación que sufren muchos extranjeros, empleados en la economía sumergida por algunas empresas. Este texto fundamentará la reforma de la normativa, aunque mantiene como requisito la acreditación de «tres años de residencia efectiva» -incorporación real al mercado de trabajo y no sólo promesas de un contrato laboral- para obtener un permiso de residencia.