Los sindicatos defienden esta regulación de trabajadores

Ante el anuncio del próximo reglamento sobre inmigración, Comisiones Obreras (CC.OO.) propone que el trabajador extranjero en situación irregular denuncie su estado y esto suponga directamente su regularización, «siempre que se pruebe el tiempo suficiente que diera lugar a protección por desempleo». Al mismo tiempo considera que se debería sancionar al empresario y obligarle a pagar las cotizaciones no satisfechas por el tiempo de trabajo irregular. Sin embargo, el sindicato también sugiere la alternativa de que el empresario y empleado comuniquen de común acuerdo la situación de trabajo ilegal, con la garantía de firmar un contrato laboral estable, para evitar la sanción correspondiente al titular de la empresa. Por su parte, UGT apoya «todo lo que signifique dar documentos a los trabajadores extranjeros», ya que el «efecto llamada» no tiene por qué producirse con motivo de esta regularización, sino que se ha dado ya debido a las «regulaciones atípicas y caóticas de otros años». Según este sindicato, «lo más preocupante es que se deje todo en manos de los empresarios, porque cada vez que hacen algo que no es para su propio beneficio, no sale adelante». Por ello reclaman que la reforma y redacción de la nueva normativa tenga en cuenta agentes sociales como los sindicatos. «El argumento de arraigo laboral ya existía en la ley de Extranjería; ahora se trata de reducir el tiempo requerido para obtener los permisos, y considerar los pre-contratos». El servicio especializado en atención a los inmigrante de la organización ugetista resalta que la entrega de «papeles» no es tanto un proceso «burocrático» como «humano»: «Lo más importante para ellos es la posibilidad de dormir tranquilos o poder salir a la calle, sin el miedo a que la policía los detenga y solicite una documentación que no tienen».