El Ejecutivo intenta aprobar la reforma de la Ley de Extranjería antes de fin deaño

Los trámites para concretar el alcance de esos cambios -que permitirán regularizar a miles de extranjeros «sin papeles» que demuestren tener un trabajo y arraigo social- empezarán en septiembre, cuando el Ejecutivo debatirá el borrador de la futura norma con el órgano consejero en asuntos económicos, sociales y laborales. El objetivo es que la reforma entre en vigor, y por tanto los inmigrantes empiecen a beneficiarse de ella, a comienzos de 2005. Con estas políticas el Gobierno quiere combatir la economía sumergida y atajar la precariedad que padecen, según sus propias estimaciones, unos 800.000 extranjeros. De paso, las regularizaciones permitirán acabar con la explotación que sufren muchos de ellos y les facilitarán el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación y el seguro de desempleo. Inmigrantes «invisibles» Muchos de ellos trabajan de forma ilegal, por lo que el Estado deja de ingresar dinero en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y con la legislación actual no pueden albergar esperanzas de conseguir los papeles, situación que el secretario general del grupo parlamentario socialista, Diego López Garrido, tachó de «absurda». El dirigente socialista explicó que «se trata de abordar la situación que dejó el PP tras ocho años de Gobierno en los que se cuadriplicó el número de irregulares». Personas a las que -señaló- es «imposible» expulsar. López Garrido destacó los beneficios económicos de estas medidas y reiteró que «no puede haber un solo trabajador en situación ilegal». La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, avanzó el lunes cómo será el proceso para conseguir los permisos de residencia y trabajo: los extranjeros deberán demostrar que ya estaban en España antes de la llegada al poder del PSOE y presentar un acuerdo de trabajo firmado con algún empresario. Eso le dará derecho a un permiso provisional, de duración limitada, que se ampliará al tiempo que dure el contrato de trabajo cuando la Administración compruebe que existe una relación laboral estable. Si al terminar el contrato no hay una renovación, el extranjero «tendrá que volver a su país o será expulsado», explicó Rumí. Control gubernamental A la espera de conocer los detalles de esta reforma, que se debatirán el mes que viene, los sindicatos acogieron la propuesta con cautela. Temen que si el Gobierno no controla bien el mecanismo -que no consideran un proceso extraordinario de regularización- podría quedar sólo en manos de los empresarios al ser ellos quienes, en último caso, ofrecerán los empleos que darán acceso a los papeles. El más crítico con la iniciativa fue el Partido Popular. Su secretario general adjunto, Ángel Acebes, reclamó «absoluta firmeza con la inmigración ilegal» y pidió a Rodríguez Zapatero que haga «lo que el Gobierno del PP con el conjunto de la UE había fijado en políticas de inmigración», que consiste -dijo- en «ser intransigente con las mafias que trafican con personas».