Cae una red que falsificaba permisos de residencia y trabajo en Madrid

La llamada operación Sello que ha llevado a cabo la Guardia Civil se ha saldado con la detención de 16 personas involucradas en diferentes delitos de falsificación de documentos y extranjería. Otra de las operaciones policiales ha tenido lugar en la localidad alicantina de Santa Pola (Alicante), donde han sido detenidos dos individuos acusados de ser los responsables de una red de tráfico ilegal que obligaba a mujeres de nacionalidad ucraniana a prostituirse. Los presuntos falsificadores de documentos operaban en las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Alcalá de Henares. La Guardia Civil tuvo conocimiento de que por esta zona se estaban facilitando permisos de residencia y trabajo ilegales de forma inmediata a numerosas personas mediante el pago de una pequeña cantidad de dinero. De esta forma se inició un dispositivo que dio como resultado la detención de quince personas. Estas personas eran los intermediarios de la red y tenían en común a un cabecilla, el último encargado de supervisar dichos documentos. Éste, detenido también, llevaba a cabo su peculiar trabajo en una zona residencial de Alcalá de Henares. Asimismo, una mujer de 35 años de edad que responde a las iniciales de G.V.B también fue detenida como una de las mayores responsables de que la red funcionase. El método que empleaba la detenida consistía, en un primer momento, en escanear un sello original de extranjería. Posteriormente lo estampaba en la documentación que sería solicitada por el futuro cliente, todo ello tras el pago de una tasa de 100 euros. A fin de poder conocer la identidad de los afectados, la operación continúa abierta y se está procediendo a analizar la documentación intervenida. Las obligaban a prostituirse La operación por la que los hermanos V.C y R.C de 36 y 30 años respectivamente quedaron detenidos como máximos responsables de la red ilegal de prostitución, comenzó en la localidad gerundense de Lloret de Mar. Efectivos de la comisaría de este municipio detectaron la presencia de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de jóvenes extranjeras secuestradas, a las que forzaban mediante coacciones a ejercer la prostitución. Una vez establecido el puesto de vigilancia y control, los agentes detuvieron a los supuestos responsables máximos de la organización, que se hallaban huidos de la justicia a pesar de que existía sobre ellos una orden de detención dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza por la presunta comisión de los delitos de detención ilegal, agresión sexual, prostitución coactiva, tráfico ilícito de seres humanos y favorecimiento de la inmigración ilegal. El modus operandi de estos individuos consistía, en primer lugar, en captar a las jóvenes por una rama que se dedicaba al engaño y al consiguiente traslado fuera del país de origen de las chicas. Una vez apartadas de sus familias la banda se encargaba de preparar su viaje hacia España. Cuando llegaban, a las mujeres se las encerraba en pisos y diferentes clubes de alterne, distribuidos por todo el territorio. Aquellas que no se sometían a la prostitución eran agredidas.