El Gobierno quiere evitar los abusos a los inmigrantes en su reforma

El Gobierno decidió ayer que será el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien exponga en el Congreso de los Diputados las reformas en materia de Extranjería que permitirán regularizar a miles de inmigrantes con trabajo y arraigo en España. Caldera comparecerá en los próximos días en la Cámara, pero antes el Gobierno deberá llegar a un acuerdo con los sindicatos y los empresarios sobre algunos detalles del proceso, entre ellos el tiempo de estancia que deberán acreditar los extranjeros para poder solicitar los «papeles» y los controles que se establecerán para evitar fraudes. Fraudes que podrían cristalizar en forma de mafias dedicadas a la venta de contratos a cambio de promesas de regularización o empresarios sin escrúpulos que, si la reforma del reglamento no lo previene, podrían «abusar» de sus empleados inmigrantes bajo amenazas de despido o de no renovarles el contrato, lo que podría acarrearles la expulsión. El Ejecutivo pretende pactar la semana que viene estos asuntos con los agentes sociales. Quiere obtener también de los empresarios información lo más precisa posible sobre el alcance de la contratación de «sin papeles». Interesa saber antes que nada el número aproximado de extranjeros que trabajan de forma clandestina y sin cotizar a la Seguridad Social, su antigüedad media en España y otras circunstancias que ayudarán a definir un método y unas condiciones de regularización que no perjudiquen a los trabajadores ni tampoco a quienes, hasta ahora, les hayan empleado de forma fraudulenta. Sanidad y educación seguras Fuentes del Gobierno señalaron que la Secretaría de Estado de Inmigración ya mantuvo un primer contacto con los sindicatos la semana pasada para debatir esas cuestiones. Cuando la reforma esté cerrada, el Ejecutivo intentará alejar este asunto de la confrontación política y para ello buscará «un gran pacto de Estado» que implique a los ayuntamientos, las comunidades autónomas y los partidos políticos. En relación con el impacto que estas regularizaciones tendrán en la economía, el ministro de Economía, Pedro Solbes, anunció que cuando el Gobierno conozca la propuesta específica de reforma del Reglamento de la ley de Extranjería, con los términos exactos en que se llevarán a cabo, habrá una estimación de su coste. No obstante, Solbes destacó que «los impactos en la economía se están produciendo ya» porque la simple presencia de inmigrantes, cualquiera que sea su situación -legal o ilegal-aumenta la actividad económica del país. El vicepresidente Solbes respondió a los gobiernos de algunas comunidades autónomas -entre ellos los de Madrid y La Rioja-, que han atacado las regularizaciones con el argumento de que perjudicarán a los servicios sociales básicos, que la educación y la sanidad se cubren en todo caso, ya se trate de extranjeros en situación legal o de «sin papeles».