La Guardia Civil inspeccionó en julio de ese año la mina donde robaron la goma-2 y no halló anomalías
La Fiscalía de Avilés frenó en el 2003 la investigación de los explosivos del 11-M
Los fiscales bloquean los registros cuando se sabía que un ex minero tenía 150 kilos de explosivo
La Fiscalía de Avilés frenó entre abril y mayo del 2003 una investigación de la Guardia Civil de Oviedo, que meses antes había sabido a través de la Unidad Central Operativa (UCO) que Antonio Toro Castro -cuñado del ex minero Emilio Suárez Trashorras, que vendió la goma-2 utilizada el 11-M- tenía en su poder 150 kilos de explosivos. Ambos individuos fueron seguidos por agentes del servicio de información del instituto armado, que vigilaron los inmuebles de su familia por si los utilizaban para ocultar dinamita robada. Con los datos obtenidos pidieron a la Fiscalía de Avilés que judicializara la investigación para proceder a pinchar teléfonos y efectuar registros. Los fiscales no atendieron la petición por considerar que no había indicios suficientes. Esos datos se desprenden de un informe enviado por el Gobierno a la Comisión parlamentaria de Investigación del 11-M, en el que se detallan las actuaciones llevadas a cabo por el instituto armado en Asturias a partir de la información obtenida por agentes de la UCO. El dictamen, firmado por el teniente coronel jefe interino de la 14ª zona de la Guardia Civil, Fernando Aldea Juan, destaca que el 27 de febrero del 2003, el confidente Rafá Zouehir, a quien identifica como «fuente A-1», alertó a la UCO de que Antonio Toro Castro «poseía 150 kilos de explosivos y traficaba con drogas». La UCO comunicó estos datos a la comandancia de Asturias, que realizó varios reconocimientos en torno a su domicilio y a los de Emilio Suárez Trashorras y «un tercer objetivo», cuya identidad no aclara. En esos seguimientos la Guardia Civil «no observó actividades ilícitas». El servicio de Intervención de Armas del instituto armado realizó inspecciones documentales mensuales en la mina de Caolines de Merillés -en la que fueron robados los explosivos usados en los atentados- y, el 2 de julio del 2003, hubo una «inspección inesperada sobre el terreno», por sorpresa, para determinar si la explotación cumplía las condiciones de seguridad correspondientes a instalaciones que albergaban explosivos. Tras analizar los libros de entradas y salidas, los materiales que allí se guardaban, las cerraduras y si las llaves de éstas se guardaban en cajas fuertes, la Guardia Civil concluyó que no existían anomalías.