ETA promovió en Euskadi una «desconexión paulatina» de España

«No se trata de esperar al día mágico de la negociación, tras el cual nos encontremos en la necesidad de empezar a construir nuestro país. El proceso ha empezado ya y ayudará a acelerar las condiciones para que el proceso de negociación, que también es necesario, llegue antes». Esta sentencia procede del documento Evolución político-organizativa de la izquierda abertzale , incautado por la policía a ETA y en poder ahora del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que lo incluyó en el sumario 35/02, investigación que condujo en agosto del 2002 a la suspensión judicial de las actividades de Batasuna y al cierre de sus sedes, y que el magistrado cree ya concluida. Una de sus fases, Txinaurri (hormiga), culmina con un cambio en su estrategia y con el diseño de un nuevo modelo de actividad basado en la acumulación de fuerzas de todo el entramado. La banda decide postergar la «negociación» como objetivo táctico inmediato y sustituye esa prioridad por la construcción nacional para que, llegado el día que consiga sentar al Gobierno a negociar, éste tenga la posición más débil por haber perdido ya su influencia en Euskadi. La estrategia supuso en la práctica que ETA mantendría su estrategia de asesinatos y atentados para forzar al Gobierno a aceptar la autodeterminación mientras que -y aquí radica la novedad- los otros frentes de actuación -político, social, cultural, exterior...- debían empezar a construir la nueva nación por la vía de los hechos, mediante una «desconexión paulatina» de España sin esperar al resultado de la negociación. El magistrado explica que para lograr la desconexión de España, ETA promovió «conductas colectivas de desobediencia» al objeto de «sustraer al Estado importantes parcelas de su control normativo». Su plan preveía crear un estado paralelo a través de la constitución de una «legalidad alternativa» que se concretaría en un censo «de carácter étnico-ideológico» y en la emisión de documentos -como el DNI vasco- basados en ese padrón «que diferencia a unos ciudadanos de otros». El modelo incluía el boicot a los procesos electorales; el cambio de nombre «por la vía de los hechos» de calles, plazas e instituciones del País Vasco y la «implantación forzosa del euskera en la vida cotidiana de los ciudadanos».