El Ejecutivo acaba así con el «abuso» del PP, que la utilizó para otros fines
El Gobierno anuncia la supresión de la ley de Acompañamiento
El PSOE ya presentó recursos contra esta normativa en los años 1999, 2000, 2002 y 2003
El Gobierno anunció ayer que no habrá ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado del 2005, con lo que pretende acabar con el «uso y abuso» que hizo el anterior Ejecutivo al utilizar esta norma para fines que no le eran propios. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó tras el Consejo de Ministros que la ley se había convertido en una especie de «cajón desastre» para aprobar leyes «por sorpresa y por la puerta de atrás, que no tenían nada que ver con las cuentas del Estado». Con esta medida, afirmó la portavoz, los socialistas cumplen su promesa de devolver el protagonismo al Parlamento, que será el lugar donde se debatan y aprueben las leyes por el conducto reglamentario. Resaltó que no habrá ninguna ley que sustituya a la actual de Acompañamiento, ni una pseudo ley similar, y que a partir de ahora las reformas legislativas que el Gobierno considere convenientes se presentarán una por una a través de su trámite correspondiente, permitiendo su estudio riguroso a las diferentes comisiones parlamentarias. Según recordó, la ley de Acompañamiento se creó en 1992 para regular materias ajenas a la pura relación entre los ingresos y los gastos del Estado. Pero explicó que de las veinte páginas que ocupaba esta norma en el BOE durante sus inicios se pasó a 120 en el 2004, lo que, en su opinión, refleja los «abusos» que se han cometido en su utilización, por ejemplo, aprobando legislación sobre televisión, medicamentos, trasvases, profesores de religión o edificaciones. Recursos La desaparición de la ley de Acompañamiento en el primer año del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no constituye una sorpresa. El grupo Socialista del Congreso presentó recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de Acompañamiento de los años 1999, 2000, 2002 y 2003. El pasado año, concretamente, denunció que la norma correspondiente, «de contenido impredecible» modificaba 79 disposiciones de rango legal, e introducía cambios tan trascendentales como la creación de trece nuevas tasas.