El PP recurre ante el Constitucional la derogación del Plan Hidrológico

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional, firmado por 50 senadores, contra la derogación de los artículos de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) relativos al trasvase del Ebro. El portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, señaló que el recurso se presenta como muestra de «solidaridad y apoyo» a las comunidades de Valencia y Murcia y como rechazo a la derogación del trasvase del Ebro por parte del Gobierno que se hizo «sin hablar con las comunidades autónomas ni con los regantes». Pío García-Escudero defendió el trasvase del Ebro aprobado en la Ley del PP porque recibió «el apoyo del Consejo Nacional del Agua y de muchas comunidades autónomas» y porque se aprobó con diálogo. El PP considera que la derogación de la transferencia del Ebro «infringe la normativa comunitaria y la Ley de Aguas» e «infringe los principios de igualdad y de riqueza para tener un proyecto de futuro», expuso el senador tras presentar el documento. El proyecto del trasvase del Ebro fue «hecho de manera seria, con un trabajo riguroso, ingente y con diálogo», según García-Escudero, mientras que el plan A.G.U.A. del Gobierno es «improvisado y basado en desaladoras». El portavoz popular en el Senado acusó al Gobierno de «mentir a los habitantes de Valencia, Murcia y Almería» ya que aseguró que el trasvase del Ebro iba a encarecer el precio del agua y la alternativa no, y ahora «la ministra Cristina Narbona dice que va a subir el precio del agua para pagar las desaladoras, esto es un engaños a los españoles». Los populares denuncian la inexistencia, en el real decreto recurrido, de la urgencia «imprescindible» para que dicho texto tenga validez constitucional. Los senadores citan ocho artículos de la Constitución, vulnerados a su juicio, por la aprobación del real decreto. «Nada menos que cuatro principios constitucionales ha sido infringidos: el principio de solidaridad entre las nacionalidades y regiones españolas, el principio de igualdad real y efectiva, el principio de progreso social y económico y el principio de la renta regional y personal más equitativa», indicó su portavoz. Narbona Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados que «este es un hecho totalmente normal en nuestro ordenamiento jurídico» y recordó que «el Tribunal Constitucional ha tenido otros recursos en sentido contrario».