España y Francia se unen para frenar la financiación de Al Qaida en Europa

La Guardia Civil tendrá ayuda internacional para desentrañar los flujos económicos a Europa de la Tabligh al Dawa , una de las sectas más radicales del Islam y de la que se sospecha que puede ser la tapadera para introducir en el continente, a través del Estrecho de Gibraltar, importantes cantidades de dinero para apoyar actividades terroristas. Los especialistas del instituto armado que desde antes del 11-S investigan esos movimientos financieros con origen en Marruecos y que pasan por España contarán con la asistencia de agentes franceses para tratar de localizar el destino final en Europa de estas importantes sumas. Tres guardias civiles y un fiscal de la Audiencia Nacional, por parte española, y un número aún desconocido de funcionarios galos compondrán el primer Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para luchar contra el terrorismo islámico. La creación de este grupo, similar al creado la semana pasada para neutralizar las habituales campañas de verano de ETA, fue anunciado por los ministros de Justicia de ambos países, Juan Fernando López Aguilar y Dominique Perben, que ayer se reunieron en Barcelona para preparar la cumbre hispano-francesa de Zaragoza que se celebrará el próximo diciembre. El grupo, que comenzará a trabajar este octubre, se ha creado a instancias de la Guardia Civil y de la Audiencia Nacional ante la imposibilidad de seguir la pista en Europa de varios miembros de la Tabligh al Dawa que periódicamente viajan desde Marruecos a Francia a través de España y de los que se sospecha que transportan fondos con destino a organizaciones islámicas radicales de países como el Reino Unido. Policía judicial El Ministerio de Justicia informó ayer de que los funcionarios españoles que trabajarán en este equipo conjunto y que actuarán en territorio francés «dispondrán de los poderes reconocidos por el marco jurídico interno galo, es decir, que desarrollarán en el país vecino su labor como agentes de policía judicial». A su vez, y siempre según las normas procesales francesas, podrán participar en «actos coercitivos» -registros, grabaciones de sonido o escuchas telefónicas- y proceder a «labores de investigación no coercitivas» -atestados o vigilancias- siempre bajo la dirección de un oficial de policía judicial del país vecino. El departamento que dirige López Aguilar insistió en que la novedad de estos equipos estriba en que «hasta ahora las fórmulas de actuación de los policías españoles que trabajaban en territorio francés estaban muy limitadas por falta de cobertura legal».